Honduras está a tan solo 10 días de que concluya su tratado de extradición con Estados Unidos, luego de que el gobierno de Xiomara Castro decidiera denunciar el convenio.
Este acuerdo, en vigor desde 1912 y aplicado activamente desde 2014, ha permitido la extradición de más de 50 personas vinculadas al crimen organizado y narcotráfico, incluidos el expresidente Juan Orlando Hernández y el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla.
La decisión de finalizar el tratado fue comunicada oficialmente el 28 de agosto pasado a la embajada estadounidense en Tegucigalpa, lo que generó sorpresa tanto en Honduras como en Estados Unidos. Con ello, el convenio bilateral se dará por concluido el próximo 28 de febrero de 2025.
La anulación del tratado se produce en un contexto de tensiones diplomáticas, especialmente tras las críticas de la embajadora estadounidense, Laura Dogu, sobre una reunión entre autoridades hondureñas de Defensa y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, quien se encuentra en la lista de sancionados por Washington.
Dentro del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), algunos miembros consideran que la extradición cumplió su función en su momento, pero que su implementación se había desnaturalizado, al ser utilizada como una “herramienta de chantaje” al incorporar componentes políticos.
El anuncio ha generado un fuerte debate en Honduras, donde ciertos sectores de la sociedad sospechan que la administración de Castro busca eliminar la extradición debido al caso del exdiputado Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta, quien aparece en un video de 2013 negociando con narcotraficantes para financiar la campaña política de Libre.
Por su parte, el canciller hondureño, Enrique Reina, sostuvo que no existe ninguna solicitud de extradición en curso relacionada con figuras políticas del país. Aseguró que las últimas extradiciones de este tipo fueron las de Juan Orlando Hernández y Mario José Cálix, conocido como “Cubeta”.
La injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes, es intolerable. Agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional, que…
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) August 28, 2024
El tema de la cancelación del tratado también estuvo en el centro de la polémica en el Congreso, cuando la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, intentó presentar una moción para evitar que el acuerdo con Estados Unidos se termine, pero fue silenciada en plena sesión.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNJ) alertó sobre las consecuencia de la eliminación del tratado y aseguró que Honduras pasó de “la narco-dictadura” (en referencia a los 8 años de gobierno de Juan Orlando Hernández) a la “narco-impunidad”.
“No crean que somos ingenuos, el narcotráfico sigue fuerte en el país, porque antes como ahora, influye en las decisiones que desde el poder se toman ara protegerse”, dijo Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA.
