La Sala Constitucional de Costa Rica ordenó al Gobierno que tome “medidas urgentes” para detener la minería ilegal en Crucitas, donde se reportan al menos 500 detenciones por extracción ilegal de minerales.
A través de la resolución 2026-10560, la Sala ordenó al Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para que frenen este flagelo.
La sentencia es resultado de un recurso de amparo declarado “con lugar”, en el que se denunciaba la falta de acción del Gobierno costarricense frente a la explotación minera en la zona, la cual, argumentaron ha generado graves daños ambientales y contaminación de fuentes de agua con compuestos como el mercurio y el arsénico.
La Sala ordenó al Ministerio de Seguridad Pública que mantengan presencia policial permanente, que refuerce los controles migratorios, que mantenga control y vigilancia en la zona y que adopte las medidas pertinentes para controlar la actividad extractivista.
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, indicó el mes pasado que la actividad minera ilegal se extendió de 900 a 3,000 kilómetros, desde crucitas hacia el cerro Conchudas. De acuerdo a la versión oficial, los nicaragüenses son quienes dominan estas actividades ilegales en Costa Rica con la complicidad de empresas chinas.
Zamora ha pedido a los diputados de la Asamblea Legislativa que aprueben el proyecto de ley que les permitiría regular jurídicamente la extracción minera en la zona. El funcionario también ha dicho que ” literalmente imposible tener presencia policial suficiente en esas 3,000 hectáreas”, por lo que, sostuvo que lo mejor es aplicar una ley.
Condena económica al Estado
La sentencia contempla una condena al Estado para que realice el pago de costas, daños y perjuicios por las actividades de minería ilegal. Los pagos deberán realizarse en la sede contenciosa-administrativa.
La Sala también ordenó a la AyA que termine en un plazo máximo de 18 meses el proyecto de abastecimiento de las comunidades Llano Verde, Crucitas, Jocote, Chorreras, El Roble y Chamorro y, que coordine esfuerzos para dar respuesta a la contaminación de esas zonas por la minería.
Además, al Ministerio Ambiente y Energía se le otorgó un plazo máximo de tres meses para que envíe a la Sala un proyecto con acciones detalladas para dar respuesta a las necesidades ambientales, sociales, de salud y seguridad en la zona de Crucitas.