Régimen de excepción en El Salvador cumple cuatro años tras aprobarse la 48ª prórroga

Con 57 votos a favor, los diputados extendieron por 48ª vez la medida vigente desde marzo de 2022, mientras el Gobierno sostiene que las pandillas aún operan y organizaciones sociales mantienen señalamientos por detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia estatal.

Presuntos mareros detenidos bajo el régimen de excepción en El Salvador (imagen de archivo).

La Asamblea Legislativa de El Salvador  aprobó la 48ª prórroga del régimen de excepción en El Salvador, con 57 votos a favor. La medida mantiene suspendidas varias garantías constitucionales y permitirá que el país cumpla cuatro años bajo este mecanismo en marzo próximo.

El partido Vamos votó en contra, mientras que los diputados de Arena estuvieron ausentes durante la votación.

Con esta decisión, el estado de excepción seguirá vigente hasta completar cuatro años desde su aprobación inicial, el 27 de marzo de 2022.

Cuatro años bajo el régimen de excepción

La Asamblea aprobó por primera vez la medida el 27 de marzo de 2022, en respuesta a un repunte de homicidios. En ese momento, también restringió el derecho de asociación, el cual fue restablecido en agosto de 2022.

Desde entonces, el Congreso ha prorrogado de forma consecutiva el régimen especial. La nueva extensión marca la número 48.

El decreto mantiene suspendidas garantías contempladas en la Constitución. Entre ellas, el derecho del detenido a ser informado de sus derechos y razones de captura, a no declarar contra sí mismo y a contar con defensa desde el inicio del proceso.

También continúa suspendido el límite de 72 horas para la detención administrativa antes de presentar al acusado ante un juez. Además, se mantiene la intervención de las comunicaciones.

Recientemente, el vicepresidente Félix Ulloa afirmó en Europa que solo dos derechos constitucionales permanecen suspendidos.

Argumentos del Gobierno para la prórroga

El Gobierno justificó la nueva prórroga del régimen de excepción por la persistencia de estructuras criminales. Según la solicitud enviada por el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, las autoridades han capturado pandilleros y decomisado armas y drogas.

Además, reportaron detenciones por casos de extorsión contra comerciantes y de supuestos miembros remanentes que intentan desvincularse de las estructuras.

El Ministerio de Seguridad indicó que la implementación de nuevas tecnologías ha permitido intervenir acciones de ocultamiento y evasión.

En el decreto también se menciona la persistencia de vínculos transnacionales de las pandillas. Por ello, el Ejecutivo solicitó extender nuevamente la medida extraordinaria.

Posturas en la Asamblea Legislativa

Durante el pleno, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, aseguró que las pandillas están debilitadas, pero no han desaparecido. También criticó la ausencia del partido Arena en la votación.

Por su parte, el subjefe de fracción, Caleb Navarro, mencionó capturas recientes, incluyendo la de un menor de edad en Soyapango, vinculado presuntamente a una estructura criminal.

La diputada Elisa Rosales afirmó que el régimen ha permitido golpear al narcotráfico. Además, señaló que se han acumulado 1,140 días sin homicidios desde el inicio del primer mandato de Nayib Bukele el 1 de julio de 2019.

Cifras oficiales y cuestionamientos

El Ministerio de Seguridad informó que 91,300 personas han sido capturadas durante el régimen de excepción, incluyendo cabecillas y miembros de pandillas.

Sin embargo, organizaciones cuestionado la aplicación de la medida.

Estas entidades reportan capturas arbitrarias, incumplimiento de órdenes judiciales de libertad y denuncias de tortura. También señalan la muerte de 488 personas detenidas bajo custodia estatal durante la vigencia del régimen.

El vicepresidente Félix Ulloa reconoció que el Gobierno debe reducir el margen de error en la aplicación de la medida. Además, confirmó que 8,000 personas han sido liberadas tras comprobar que no tenían vínculos con pandillas.

De esta forma, El Salvador se encamina a cumplir cuatro años bajo el régimen de excepción, una medida que continúa generando respaldo oficial y cuestionamientos de organizaciones sociales.

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