El director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, afirmó que la reforma para establecer una segunda vuelta electoral difícilmente será aprobada en Honduras.
Según Aguilar, los partidos políticos no tienen interés en respaldar esa modificación dentro del paquete de cambios al sistema electoral que actualmente se discute en el país.
“La segunda vuelta, y se lo adelanto a la ciudadanía y a ustedes, eso no se va a aprobar, los políticos no están interesados en tener una segunda vuelta electoral”, expresó.
El representante de la organización sostuvo que el debate debe incluir otras reformas que fortalezcan el sistema electoral hondureño y mejoren su funcionamiento.
Desafíos técnicos y financieros forman parte del debate
Aguilar señaló que la implementación de una segunda ronda de votación plantea retos operativos que deben analizarse antes de aprobar cualquier reforma.
Entre ellos mencionó la capacidad del Consejo Nacional Electoral, organismo encargado de organizar los comicios, para celebrar una nueva elección apenas 21 días después de la primera.
Además, indicó que una segunda vuelta implicaría mayores costos para el Estado y obligaría a definir aspectos como el presupuesto y las reglas para su aplicación.
También planteó dudas sobre el porcentaje mínimo de votos que debería obtener un candidato para evitar una nueva elección.
Umbral de votos sigue como uno de los principales puntos de discusión
De acuerdo con Aguilar, el nivel de participación y la distribución del voto en Honduras hacen poco probable que un candidato alcance más del 50 % de los votos válidos en la primera ronda.
Por esa razón, explicó que en distintos momentos se ha planteado reducir el umbral necesario para declarar un ganador directo. Entre las opciones mencionadas figuran porcentajes cercanos al 42 % o al 44 %. Si ningún aspirante alcanzara ese nivel, los dos candidatos más votados competirían en una segunda vuelta.
Piden una agenda de reformas con participación ciudadana
Finalmente, Aguilar instó a distintos sectores de la sociedad a construir una agenda mínima de reformas electorales y exigir compromisos a la clase política.
A su juicio, dejar exclusivamente en manos de los partidos las decisiones sobre cambios al sistema electoral reduce las posibilidades de impulsar transformaciones profundas antes de los próximos procesos electorales.