La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la duodécima ampliación del régimen de excepción, con lo que el país superará el año con esta medida pedida por el gobierno de Nayib Bukele y que ha resultado ser la estrategia más efectiva del gobierno para combatir a las pandillas.
El régimen prorrogado por un mes suspende garantías constitucionales y fue la respuesta gubernamental a una escalada de asesinatos a finales de marzo de 2022 que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
La solicitud de ampliación fue presentada por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y fue aprobada por los legisladores del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y sus aliados con 67 votos de los 84 diputados.
La extensión de la medida, a la que el Gobierno de Bukele llama “guerra contra las pandillas”, se aprobó sin estudio o debate legislativo.
Las garantías constitucionales suspendidas son el derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el plazo máximo de detención provisional de 72 horas.
Desde que entró en vigencia el régimen de excepción el gobierno dice haber detenido a por lo menos 65,000 pandilleros y el índice de homicidios bajó drásticamente, lo que le ha permitido a Bukele mantener una popularidad de un 91% según una encuesta reciente.
Sin embargo, opositores y organizaciones humanitarias salvadoreñas e internacionales mantienen duras críticas a la medida, por considerarlas atentatorias contra los derechos de los ciudadanos.
