Presidente guatemalteco propone ley para impulsar inversión pública en pueblos indígenas

El presidente Arévalo presentó al Congreso una iniciativa que busca permitir obras públicas en tierras comunales indígenas, cerrando brechas históricas de desigualdad.

Autoridades indígenas acompañaron al presidente Bernardo Arévalo en el anuncio de la ley de inversión en comunidades indígenas.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este jueves la presentación al Congreso de una iniciativa de ley destinada a promover la inversión pública en comunidades indígenas y garantizar su acceso a proyectos de desarrollo local.

Durante el evento “La Ronda” en el Palacio Nacional de la Cultura, Arévalo explicó que la propuesta busca reformar el artículo 30 BIS de la Ley Orgánica del Presupuesto, con el fin de permitir que los fondos públicos se inviertan directamente en propiedades comunales indígenas, sin que sea necesario cederlas a las municipalidades u otras instituciones.

“Esta reforma abre la posibilidad de construir escuelas, hospitales, centros de salud, salones comunales y otras obras en tierras de propiedad indígena, respetando sus derechos y fortaleciendo la justicia histórica”, expresó el mandatario, quien subrayó que la medida es fruto de un consenso alcanzado tras varias sesiones de diálogo con autoridades ancestrales mayas, xincas y garífunas.

Arévalo afirmó que el objetivo es cerrar las brechas de desigualdad y dignificar a los pueblos originarios, resaltando su legado de lucha, resistencia y defensa de la vida. El presidente también hizo un llamado a mantener el diálogo abierto entre el Gobierno y las comunidades indígenas, como base para futuras reformas legales e institucionales.

La presentación contó con el respaldo de líderes de distintas regiones, entre ellos Dina Juc, alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán; Bernabé García, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán; y Bibiana Ramírez, autoridad del Pueblo Mam. Las autoridades coincidieron en que la propuesta representa “un acto de dignificación y justicia histórica” tras siglos de marginación y despojo.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca garantizar que las comunidades indígenas puedan acceder a infraestructura pública sin perder la titularidad de sus tierras, fortaleciendo así su autonomía y desarrollo sostenible.

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