En medio de la campaña del izquierdista partido Libertad y Refundación (Libre) sobre la presunta privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el presidente de Honduras, Nasry Asfura, aseguró que esta no será vendida y defendió su permanencia como entidad estatal.
“Póngale candado, soga, todo lo que quieran, pero la ENEE no se vende”, afirmó Asfura al referirse al futuro de la compañía.
Eso, tras la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Justicia Energética.
El enorme hoyo financiero
Asfura insistió en que la empresa enfrenta una situación financiera crítica. “Nadie puede decir que la ENEE está en buena situación financiera”, afirmó.
La deuda global de la estatal supera los $4,000 millones de acuerdo con el contexto financiero presentado sobre la empresa. Además, la ENEE reporta pérdidas anuales de más de $500 millones.
Las pérdidas de energía también representan un problema estructural. Los reportes citados estiman que Honduras pierde cerca de una tercera parte de la energía producida o comprada.
🔵”Póngale candado, soga, todo lo que quieran, pero la ENEE no se vende. Nadie puede decir que la ENEE está en buena situación financiera. Lo vemos en serio o vamos a fracasar”.
Nasry Asfura, presidente de Honduras.#LaTarde
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— TSiHonduras (@TSiHonduras) September 2, 2026
Asfura pide reducir el costo de la energía
Ante este escenario, el presidente pidió a los generadores de electricidad ofrecer precios más bajos. Su objetivo, dijo, es mejorar las finanzas de la empresa estatal y reducir la presión sobre las cuentas públicas.
“Asumimos la responsabilidad como gobierno de cuidar cada lempira que genera la ENEE”, sostuvo.
Además, Asfura vinculó la recuperación financiera con la necesidad de evitar un mayor deterioro de las finanzas nacionales.
Nueva ley cambia las reglas del sector
El Congreso Nacional aprobó la denominada Ley de Justicia Energética. La normativa mantiene el carácter público de la ENEE y busca reorganizar el mercado eléctrico.
También elimina las compras directas y promueve licitaciones públicas internacionales para buscar mejores precios de generación.
La reforma pretende, además, fortalecer los controles sobre las pérdidas técnicas y comerciales que afectan las finanzas de la empresa.