La presidencia de Costa Rica informó que dio por suspendida la reunión planificada para este viernes con los titulares de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia. La decisión fue anunciada luego que el presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez, informara que no asistiría al encuentro.
La reunión se desarrollaría este viernes a las 10:00 de la mañana (11:00 de Panamá) en Casa Presidencial y asistiría la presidenta de la República, Laura Fernández; la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez y el presidente de la Corte Orlando Aguirre. Sin embargo, este último informó que no asistiría.
Entre sus argumentos, el presidente del Poder Judicial expuso que para él era un “inconveniente” el mecanismo propuesto para la reunión porque esa reunión tendría que ser un espacio para compartir problemas comunes, información y articular esfuerzos, no para establecer plazos y evaluar al Poder Judicial.
“Ante la negativa del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de establecer un canal de diálogo para resolver los temas de seguridad urgentes, se suspende la reunión de jerarcas de los Supremos Poderes originalmente agendada para este viernes”, reza el comunicado emitido por la Presidencia.
Hoja de ruta en seguridad
La presidenta Fernández había expuesto que la reunión era convocada para definir una ruta a seguir en materia de seguridad. La mandataria adelantó que la reunión iba a ser compartida en una transmisión en vivo a través de redes sociales como una forma de “garantizar la transparencia”.
Ya Aguirre había adelantado que consideraba indispensable reanudar el diálogo entre poderes del Estado, pero que este se desarrollará bajo condiciones de respeto de competencias, con buena fe y reglas claras. Mientras tanto, la presidenta Fernández había reconocido que la reunión tendría lugar en medio de “una tensa” situación.
La relación del Poder Judicial con Fernández ya era tensa, pero la situación escaló a un nivel más alto cuando Fernández y Jiménez acusaron a 4 magistrados de la Sala de “golpistas” por prorrogar las funciones de los magistrados suplentes ante la negativa de la Asamblea en elegir a los nuevos funcionarios.