Dos abogados panameños presentaron una demanda de inconstitucionalidad sobre el polémico contrato entre el Estado y la empresa Panamá Ports Company (PPC), parte del conglomerado chino CK Hutchison Holdings Limited, alegando que el mismo viola varios artículos de la Constitución de Panamá.
“Este contrato adolece de una serie de defectos que contravienen lo establecido en la constitución. Consideramos que los magistrados deben analizar estos argumentos y declarar la inconstitucionalidad de este contrato”, señaló el abogado Julio Macías, quien junto a su colega Norman Castro presentaron la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley No.5 de 16 de enero de 1997, fundamento del contrato.
Según Macías, la demanda identifica diez violaciones constitucionales. El contrato permitió a la empresa china el desarrollo, construcción, operación y administración de las terminales portuarias de contenedores, pasajeros y carga general en Balboa, provincia de Panamá (pacífico) y Cristóbal, provincia de Colón (atlántico).
Según los abogados, el contrato con la empresa china contiene los mismos vicios legales que el contrato suscrito con Minera Panamá y que fue declarado inconstitucional por la Corte en noviembre de 2023.
“A raíz de que el contralor Anel Flores señaló que recibíamos muy poco y damos mucho, verificamos y comprobamos que efectivamente esa es una ley muy parecida a la del contrato minero, donde Panamá da mucho a cambio de poco”, detalló Castro.
“Esa ley, ese contrato de Panama Ports, le da todos los beneficios a Panama Ports y el pueblo panameño se queda con muy poco”, subrayó.
La Contraloría de Panamá inició en enero una auditoría financiera y de cumplimiento a PPC ante cuestionamientos sobre los beneficios económicos que la empresa aporta al país.
Macias sostuvo que el contrato de PPC otorgó casi de manera gratuita la ocupación de tierras sin que existiera una consulta previa a la sociedad panameña.
La demanda plantea que el contrato suscrito entre PPC y el Estado violó los artículos 1 y 2 de la Constitución, ya que dispone que el Estado debe consultar y requerir aprobación previa a la empresa para otorgar cualquier concesión futura sobre terrenos del Estado.
Según los abogados, el contrato permite una especie de “gobierno paralelo” sobre el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de aquellas áreas de tierra, facilidades e instalaciones ubicadas en Diablo y Isla Telfers, identificadas en el contrato como “la extensión futura”, ya que limita la soberanía que debe ejercer el Estado sobre dichas áreas.
La demanda también sostiene que el citado contrato violó el artículo 19 de la Constitución en el que se establece que no habrá fueros ni privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas, ya que a Panamá Ports se le asignan una serie de privilegios o concesiones, entre las que se encuentran exoneraciones de todo impuesto, contribución, tasa o derecho de importación sobre todos los equipos y de todo impuesto de dividendos provenientes de las actividades contempladas en el contrato, entre otros.
Entre los fundamentos de la demanda se argumenta una violación al artículo 266 de la Constitución, puesto que el contrato “no fue precedido por un acto de licitación pública”, señala el documento.
Al ser consultados sobre a quién representaban, los abogados indicaron que “al pueblo panameño”, alegando que se trata de una iniciativa cívica luego de las declaraciones del contralor Flores.
El contrato ha sido cuestionado tanto por el presidente estadounidense Donald Trump como por el Secretario de Estado, Marco Rubio. El Secretario ha denunciado que las instalaciones portuarias chinas en ambos extremos del Canal de Panamá representan una amenaza militar y podrían ser utilizadas por Pekín en una crisis para cerrar el transporte militar.
