En los últimos 8 días, Nicaragua ha sido testigo de una preocupante escalada de represión por parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la feligresía y clero de la Iglesia Católica.
Esto ha resultado en la detención de 6 sacerdotes nicaragüenses, la mayoría pertenecientes a la Diócesis de Estelí, con lo cual suman 13 los padres detenidos, incluyendo al obispo Rolando Álvarez.
La abogada Martha Patricia Molina, autora del informe “Nicaragua: Una Iglesia perseguida”, ha denunciado en redes sociales que esta situación no solo afecta a los líderes religiosos, sino también a los feligreses de las parroquias e iglesias rurales.
Molina ha informado que en muchas parroquias donde los sacerdotes han sido detenidos, no se están celebrando misas como es habitual.
En su lugar, reveló, se lleva a cabo la celebración de la palabra en silencio y oración. “Esto es un indicio de que la dictadura está tratando de silenciar la voz de la Iglesia en el país”, dijo la investigadora.
Molina ha expresado su consternación al saber que los paramilitares de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo están intimidando a los sacerdotes y que planean llevarse a más de ellos para que la población desista de ir a las iglesias.
La persecución se ha trasladado hasta monaguillos, que son menores de edad y beatas, mayores de edad, que usualmente llegan a limpiar, enflorar y cuidar los templos.
La abogada ha llevado esta grave situación ante el Comité de Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), subrayando que no solo se trata de la detención de sacerdotes, sino también de la violación de los derechos humanos de niños y adolescentes que están siendo perseguidos por expresar su fe.
Los sacerdotes detenidos en estos últimos días son: Ramón Esteban Angulo Reyes, Álvaro Toledo, Julio Norori, Iván Centeno, Cristóbal Gadea y Yesner Cipriano Pineda.
La persecución también se ha extendido a los feligreses de Jalapa, Ocotal y San Juan de Río Coco, al occidente de Nicaragua.
Se ha constatado que laicos han sido detenidos, se han allanado sus viviendas y algunos han sido liberados bajo amenaza y obligados a firmar semanalmente en estaciones policiales.
Este clima de temor se ha intensificado desde los sucesos de abril de 2018, cuando el dictador Ortega acusó a la Iglesia de propiciar “un golpe”, que es la excusa oficial del régimen para justificar su represión que ha alcanzado el grado de crímenes de lesa humanidad, según organizaciones de derechos humanos.
En Ocotal, Salvador Paguaga y María Asunción Salgado Duarte, jóvenes feligreses activos de la parroquia Nuestra Señora de Asunción, fueron capturados en sus hogares después de la detención del sacerdote Toledo.
En Jalapa, laicos de la parroquia Inmaculada Concepción de María fueron citados y retenidos en la estación policial local. En San Juan de Río Coco, un laico fue retenido por varias horas y liberado bajo amenaza después de la captura del padre Julio Ricardo Norori.
La comunidad de creyentes está viviendo momentos de angustia y temor, y se estima que hay más casos que no se denuncian por miedo a represalias, advierte Molina.
