El Poder Judicial de Costa Rica denunció un nuevo recorte presupuestario de parte del gobierno de Laura Fernández por más de $6 millones (3,000 millones colones costarricenses) que son destinados para gastos operativos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fiscalía General y de la Corte Suprema de Justicia.
El Poder Judicial anunció en conferencia de prensa que el Ministerio de Hacienda les aplicará un segundo recorte de 3,053 millones de colones, que equivale al 42 % del presupuesto que les había sido asignado. El primer recorte fue aprobado el 27 de junio por 13,220 millones de colones ($29.3 millones).
Las autoridades indicaron que los nuevos fondos recortados afectarán el pago de horas extra para empleados dedicados a allanamientos, juicios y atención a víctimas, además, se deterioraría la compra de insumos para agentes (viáticos y combustible para unidades). Sin embargo, Casa Presidencial recibió un aumento de fondos para publicidad.
“Lamentablemente, es una situación muy crítica. Estas son las consecuencias de una decisión que ha tomado el Ministerio de Hacienda”, afirmó la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins.
Con los dos recortes, el gobierno de Fernández estaría retirándole 16,273 millones ($36.1 millones) al Poder Judicial. El director de la OIJ, Michael Soto, dijo durante la conferencia de prensa que las consecuencias del severo recorte podrían alcanzar su punto máximo en diciembre cuando no tengan fondos para combustible de patrullas.
Recortes a seguridad pero aumento a publicidad de Presidencia
Además, Soto indicó que con el recorte tendrían que enfrentar limitaciones para el traslado de detenidos y para el pago de viáticos para agentes que participan en los operativos contra la criminalidad. Solo esta mañana la OIJ realizó 37 allanamientos para desarticular una banda que ingresaba droga a cárceles.
Por otro lado, el fiscal general, Carlo Díaz, dijo que el recorte implicaría que el Ministerio Público enfrente dificultades para contratar dictámenes periciales, por lo que, el costo se tendría que trasladar a los familiares de las víctimas para asegurar que las investigaciones continúen.
Por todas estas circunstancias que se avecinan por la decisión de Hacienda, Soto dice su “más alta preocupación es que afectará la seguridad de todo el país”.
Pese a los recortes realizados por el gobierno de Fernández a seguridad, su mismo partido, Pueblo Soberano, en la Asamblea Legislativa le recetó un aumento de $153,944 (70 millones de colones) para propaganda de Casa Presidencial.