Panamá captura a sindicalistas por supuesto mal manejo de fondos y obreros denuncian persecución

La Confederación Sindical dice que las detenciones son resultado de los reclamos interpuestos internacionalmente por supuestos abusos en Panamá.

Los dos sindicalistas son acusados de mal manejo de más de $700,000.

La Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional de Panamácapturaron a los dirigentes sindicales Genaro López y Marcos Andrade por supuesto mal manejo de fondos en una investigación por el delito de peculado, mientras tanto, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) aseguró que se trata de un caso de “persecución”.

Las autoridades panameñas alegan que los dos sindicalistas están involucrados en un caso de supuesta lesión patrimonial al Estado por $750,951 relacionados a fondos públicos asignados a la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI). La operación conllevo allanamientos en provincias de Panamá y Panamá Oeste.

La Fiscalía Anticorrupción habría podido recuperar registros y documentos de 2019 y 2023 sobre las acusaciones que habrían iniciado a partir de una auditoría que habría detectado irregularidades en el uso de recursos públicos entregados a la CONUSI.

Los fondos otorgados son recolectados por un descuento del 5 % del Seguro Educativo del aporte de trabajadores para financiar programas de educación sindical, mismas que no se hicieron ni se repararon centros educativos sino que se habrían usado para otros fines.

El Suntracs realizó una conferencia de prensa en respuesta a las detenciones donde el secretario general, Yamir Córdoba, negó los señalamientos de las autoridades y calificó el actual judicial como “ilegal”. Además, dijo que las capturas son respuesta al reclamo formal de los sindicatos contra el gobierno.

Córdoba recordó que las organizaciones sindicales presentado un “reclamo formal” ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por “el abuso que se está dando en Panamá”, por lo que, considera que las detenciones son una respuesta del gobierno al reclamo.

Por su parte, el representante legal del sindicato, Antonio Vargas, aseguró que la acusación es “débil” y que el sindicato ha fundamentado todos sus fastos sobre planes de formación sindical, los cuales, son pagados con fondos propios que luego son reembolsados por el dinero público aprobado por la Contraloría.

“Hoy la Contraloría se desdice de los informes que ellos mismos habían aprobado, que son el fundamento para que aprobaran los desembolsos (…) Son procesos amañados donde el Ministerio Público se está prestando para ello” aseveró Vargas ante medios de comunicación.

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