La muerte de dos personas bajo custodia estatal ha encendido las alarmas sobre el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Mauricio Alonso, de 64 años, y el abogado Carlos Cárdenas Zepeda, ambos considerados presos políticos, fueron entregados muertos a sus familiares sin explicación oficial por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La denuncia fue realizada el sábado por la Unidad de Defensa Jurídica, el Monitoreo Azul y Blanco, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, familiares de personas presas políticas y desaparecidas, con el acompañamiento del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Las organizaciones advirtieron que las cárceles del régimen se han convertido en “antesalas de la muerte”.
Las organizaciones demandaron la liberación inmediata de todas las personas presas políticas, la realización de una investigación internacional independiente sobre las muertes bajo custodia estatal y medidas urgentes de protección para quienes permanecen encarcelados en condiciones inhumanas.
“El régimen Ortega-Murillo ejecuta una política sistemática de persecución, tortura, desaparición forzada y exterminio silencioso. Las muertes de Alonso y Cárdenas no son hechos aislados, sino parte de una estrategia represiva para silenciar a la disidencia”, afirmaron.
Carlos Cárdenas, exasesor jurídico de la Conferencia Episcopal durante el Diálogo Nacional de 2018, había sido detenido hace 15 días por la Policía Nacional y fue entregado sin vida este sábado. En el caso de Mauricio Alonso, su familia fue notificada por el Instituto de Medicina Legal para recoger su cuerpo tras semanas de incomunicación.
Las organizaciones señalaron que en la actualidad hay al menos 33 personas en situación de desaparición forzada en Nicaragua, entre ellas 11 mujeres. “Cada día de encierro arbitrario representa un riesgo de muerte”, advirtieron en un pronunciamiento conjunto.
Los colectivos de derechos humanos reiteraron su compromiso con la denuncia internacional de las violaciones a derechos humanos en Nicaragua, el acompañamiento a las familias de los presos políticos y la exigencia de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión.
