El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (Oacnudh), Mika Kanervavuori, advirtió que la politización de la justicia, el acceso limitado al sistema judicial y la criminalización son actualmente las principales preocupaciones en materia de derechos humanos en el país. En entrevista con el estatal Diario de Centro América, el funcionario afirmó que han documentado numerosos casos que impactan incluso los procesos de elección de autoridades judiciales.
Kanervavuori reconoció que en los últimos dos años existen avances impulsados por el actual gobierno, como una agenda socioeconómica con enfoque de derechos humanos, el reconocimiento de pueblos indígenas, la aprobación de una política pública para defensores y acciones orientadas a la memoria histórica del conflicto armado interno. Sin embargo, sostuvo que el reto principal es que los tres poderes del Estado no comparten una visión común sobre el futuro del país, lo que dificulta consolidar reformas estructurales.
El funcionario explicó que uno de los mayores riesgos es que “en Guatemala la justicia es politizada y la política es judicializada”, lo que traslada debates que deberían resolverse mediante políticas públicas al ámbito penal.
Señaló que este año han documentado alrededor de 60 casos de criminalización, muchos vinculados a defensores de derechos humanos y periodistas que enfrentan procesos judiciales tras exigir justicia. Según detalló, el uso indebido del Código Penal, la prisión preventiva prolongada y la dilación procesal generan un ambiente de temor que desalienta la búsqueda de justicia.
Sobre la elección de magistrados y jueces, subrayó que la transparencia, la publicidad de los criterios y la fiscalización social son fundamentales para evitar discrecionalidad. Alertó que existe temor entre candidatos idóneos de postularse por posibles ataques o procesos en su contra, lo que podría debilitar aún más la independencia judicial. Añadió que fortalecer la carrera judicial y garantizar procesos abiertos contribuiría a recuperar la confianza ciudadana.
Kanervavuori enfatizó que si Guatemala logra consolidar un enfoque de derechos humanos en sus políticas públicas, podría abrirse un escenario de mayor confianza entre la población y el Estado.
“La confianza es vital”, afirmó, al señalar que una institucionalidad sólida reduce tensiones sociales, combate la pobreza y mejora las condiciones de salud y desarrollo.
Aunque reconoció que persisten retos derivados de la politización y la corrupción, consideró que el país tiene oportunidades reales si prioriza la transparencia y el fortalecimiento del Estado de derecho.