El más reciente informe “La creciente sombra de la autocracia” de Freedom House señala Nicaragua y El Salvador son los países de Centroamérica que presentan los mayores descensos en el índice de libertades. El Salvador reporta el descenso más drástico en los últimos dos años.
El índice reporta que 2025 se reportó una caída de 41 puntos en Nicaragua respecto a las libertades de los ciudadanos, mientras que en El Salvador cayó en 33 puntos, siendo los dos países centroamericanos que más puntuaciones han perdido en el último año.
A nivel de las Américas, entre estos dos países se encuentra Venezuela con una baja de 41 puntos. Más por debajo se encuentra México con 22 puntos menos. Estas calificaciones sitúan a Nicaragua y Venezuela en la categoría de “no libertades” y a El Salvador y México en “libertades parciales”.
Entre los indicadores analizados para este reporte se encuentra la libertad digital, libertad de expresión y debido proceso en los países. En ese sentido, el reporte señala que en las Américas solo seis países mejoraron su puntuación, mientras que 12 registraron bajas.
Entre los casos más graves, se encuentra El Salvador porque en dos años consecutivos ha sumado el mayor descenso de la región, lo que, es principalmente atribuido a “la abolición de los límites de mandato presidencial”, pues la Asamblea Legislativa reformó la Constitución para permitir la reelección presidencial indefinida.
“Si bien la región cuenta con algunos de los países más libres del mundo, solo seis países mejoraron su puntuación durante el año, mientras que doce registraron descensos. El Salvador registró el mayor descenso de la región por segundo año consecutivo, debido en parte a la abolición de los límites de mandato presidencial” expone el informe.
Asimismo, crítica que en El Salvador, Paraguay y Perú se impulsaron medidas de “mayor supervisión” al financiamiento de organizaciones por donaciones del extranjero, generando “preocupación sobre su capacidad para operar libremente”. En El Salvador se aprobó la Ley de agentes extranjeros, con la que decenas de organizaciones han cerrado operaciones.
Además, el informe presta especial interés a Honduras, donde las disputas internas en la autoridad electoral y la demora en el recuento de votos “socavaron la integridad de las elecciones presidenciales de noviembre” aunque la misión de observación de la Unión Europea aseguró que no hubo fraude en el proceso.
Por otro lado, en cuanto a Panamá señala que las autoridades “implementaron medidas de seguridad reforzadas para sofocar las protestas” sobre las pensiones de los ciudadanos.
El informe concluye que “las democracias” deberían operar con un mayor liderazgo “colectivo” dentro de las organizaciones internacionales para permitirse defender normas democráticas y el orden internacional “basado en reglas”.