El Ministerio del Interior de la dictadura de Nicaragua confirmó que el país continuará negando el ingreso a ciudadanos considerados una “amenaza contra la paz”. La ministra María Amelia Coronel Kinloch reconoció la práctica durante una entrevista televisiva, donde explicó que la medida forma parte de los controles migratorios del Estado.
Las declaraciones oficializan una política que organizaciones de derechos humanos habían denunciado en años recientes.
Listas negras incluyen a críticos y exiliados
Según Coronel, el veto migratorio aplica a personas vinculadas con delitos como trata de personas, explotación sexual o tráfico de migrantes. Sin embargo, también incluye a ciudadanos señalados por “atentar contra la paz y la seguridad”.
Esa categoría ha sido asociada por organismos internacionales a opositores, periodistas, excarcelados políticos y ciudadanos críticos del Gobierno. Además, informes del Grupo de Expertos de la ONU y del OACNUDH documentan el uso de “listas negras” administradas por Migración.
Denegaciones sin procesos transparentes
Los expertos de la ONU señalan que estas restricciones migratorias se aplican sin orden judicial, sin mecanismos de apelación y bajo criterios discrecionales. También advierten que el número de afectados podría ser mayor, debido al temor de denunciar.
La OACNUDH afirma que estas denegaciones impactan directamente a familias en el exilio, muchas de ellas separadas desde 2018.
Medida coincide con temporada de retorno
El reconocimiento ocurre durante el periodo de mayor movimiento migratorio del año. Miles de nicaragüenses suelen regresar para las fiestas de diciembre, incluidos quienes viven fuera del país.
Coronel afirmó que la dictadura seguirá aplicando los vetos porque “tiene la facultad legal” para hacerlo y porque busca proteger la seguridad ciudadana.
Más de medio millón de nicaragüenses residen en el exterior, según estimaciones de organismos internacionales. Con esta confirmación pública, el retorno de exiliados o críticos dependerá de evaluaciones migratorias en frontera.
Las autoridades no anunciaron cambios en los procedimientos ni mecanismos para revisar casos afectados por vetos de ingreso.
