La organización Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más se sumó al llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros países que, desde la Organización de los Estados Americanos (OEA), condenan las “acciones represivas” para atacar a la iglesia católica y las universidades del país.
Mediante un comunicado, la organización, que se encuentra en el exilio, acogió las denuncias del foro internacional sobre la terrible situación de derechos humanos en Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“El pasado 11 de octubre de 2023 ante la Asamblea General de la OEA, el secretario adjunto del sistema de peticiones y casos en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó actualización sobre la situación de derechos humanos que se vive en Nicaragua”, dice la nota.
El organismo retoma el foco de la denuncia internacional: la falta de separación de poderes del Estado y el espacio cívico se encuentra cerrado por lo cual no existe participación cívica, política y religiosa en Nicaragua.
“Respecto a la persecución que vive la iglesia en Nicaragua la CIDH refiere que este cierre al espacio cívico y democrático también incluye severas restricciones a la libertad de religión y a la práctica de la religión católica en el país”, reitera el Colectivo.
“Informaron que hasta la fecha más de 10 sacerdotes se encuentran privados de libertad, también se refirieron las constantes denuncias realizadas por la comisión sobre la cancelación de la Orden de los Jesuitas, la expulsión de más de 40 sacerdotes y religiosas, las prohibiciones de celebraciones religiosas como misas, procesiones, cierre de medios de comunicación religiosos, confiscación de bienes y cuentas bancarias de la iglesia”, enumera el organismo de derechos humanos.
De modo que ellos reiteran el llamado al Estado de Nicaragua a cesar la persecución contra la iglesia católica y las continuas injerencias contra la libertad religiosa de su población.
La CIDH ese mismo día otorgó medidas cautelares a monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez, quien se encuentra en una celda de máxima seguridad, conocida como “la 300”, donde se encuentra en grave riesgo por los padecimientos de trombosis en los pies, diabetes e hipertensión, además se le está negando el acceso a la atención médica especializada por lo que solicitó al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger su derecho a la vida, integridad personal y salud.
“Estas medidas se suman a las medidas cautelares y provisionales otorgadas a monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, las cuales demandan su liberación inmediata y el respeto a sus derechos humanos”, señalan.
“El Colectivo hace eco de la solicitud de la CIDH y condena las detenciones arbitrarias e inconstitucionales durante las últimas semanas, de sacerdotes, feligreses de la iglesia católica y personas consideradas opositoras por parte de la Policía y paramilitares, brazos represores del régimen Ortega Murillo”, denuncia el organismo de derechos humanos.
“Denunciamos que estos actos carecen de total legalidad y violan el debido proceso, tanto de las normativas internas como del Código Procesal Penal y la Constitución Política, así como las garantías internacionales en materia de derechos humanos”, detallan.
Según la organización, el régimen “persigue la consolidación de un estado totalitario y hace del terrorismo de estado y la comisión de crímenes de lesa humanidad una política de Estado como respuesta a las demandas de un pueblo que continúa exigiendo libertad, verdad y justicia”.
