Más de 100 personas fueron víctimas de persecución política en Guatemala durante la gestión de la exfiscal general Consuelo Porras, según un informe presentado por la organización Cristosal a finales de 2025.
El documento, titulado “Sistema de injusticia: Patrones de persecución política en Guatemala”, documenta casos de periodistas, exoperadores de justicia, defensores de derechos humanos, autoridades indígenas y líderes comunitarios que enfrentaron criminalización, exilio o prisión.
La investigación sostiene que el Ministerio Público dirigido por Porras, junto con jueces y magistrados, habría utilizado el sistema judicial para proteger estructuras de poder y perseguir a quienes denunciaron corrupción o defendieron el Estado de derecho.
Según el informe, muchas de las personas afectadas tuvieron únicamente dos opciones: abandonar el país o enfrentar procesos judiciales prolongados con supuestos retardos maliciosos y limitaciones para ejercer una defensa adecuada.
Otro estudio denominado “¿Eficacia o impunidad? El desempeño del Ministerio Público durante la gestión de Consuelo Porras 2018-2025”, elaborado por Alianza por las Reformas y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, profundizó en los casos de persecución selectiva.
Los objetivos
El análisis señala que entre las personas afectadas figuran jueces independientes, abogados, líderes campesinos y estudiantiles, exintegrantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y opositores políticos.
“Se estima que más de 100 personas han tenido que salir al exilio como consecuencia de la criminalización, más de 60 han sido procesadas y seis se encuentran en prisión”, detalla el informe.
Entre los casos mencionados aparecen la exfiscal general Thelma Aldana, la exjefa de la FECI en Quetzaltenango, Virginia Laparra, y el exjuez Miguel Ángel Gálvez, quienes han denunciado persecución y criminalización.
El exprocurador de Derechos Humanos Jordán Rodas aseguró que enfrenta una orden de captura dentro del caso denominado “Toma USAC: Botín Político”, proceso que calificó como persecución política para impedir su participación electoral junto a Thelma Cabrera en el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).
“Pronto cumpliré cuatro años fuera de mi país, viviendo un exilio que no le deseo a nadie. No me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice por construir una Guatemala mejor”, expresó Rodas.
También figura el caso del exauxiliar fiscal Eduardo Pantaleón, quien investigó presuntos casos de corrupción y fue detenido en 2022 acusado de incumplimiento de deberes y obstaculización de la acción penal.
“La estigmatización pública, la incertidumbre prolongada y las consecuencias derivadas de permanecer suspendido injustamente durante más de cuatro años dejan secuelas que difícilmente desaparecen por completo”, afirmó Pantaleón.
El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, actualmente en el exilio, sostuvo que el destierro implica estar lejos de la familia y vivir bajo incertidumbre permanente sobre un posible retorno a Guatemala.
Asimismo, la exmandataria de la Cicig Claudia González denunció desgaste personal, familiar y profesional debido a procesos judiciales que considera injustificados.
El periodista Alexander Valdez también denunció que el Ministerio Público intentó vincularlo al delito de obstrucción de justicia por publicaciones relacionadas con investigaciones de corrupción y el caso del comunicador José Rubén Zamora.
