La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este martes una moción que condena lo que calificó como “amenazas intervencionistas” del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de Panamá y la propiedad del Canal de Panamá.
Con 29 votos a favor y 17 en contra, el Congreso costarricense expresó su respaldo a las recientes declaraciones del presidente panameño, José Raúl Mulino, en defensa de la soberanía e independencia de su país, y rechazó las afirmaciones de Trump, quien aseguró que no descarta el uso de la fuerza militar para “recuperar el control del Canal de Panamá”.
El magnate estadounidense acusó a Panamá de imponer tarifas excesivas a los barcos estadounidenses que transitan por la vía interoceánica y afirmó que China tiene un control significativo sobre el canal, comentarios que el gobierno panameño ha desmentido tajantemente.
El Canal de Panamá, inaugurado en 1914, fue construido y administrado por Estados Unidos hasta su traspaso definitivo a Panamá el 31 de diciembre de 1999, conforme a los Tratados Torrijos-Carter firmados en 1977.
Apoyo a Panamá y divisiones internas
La moción también instó a la Cancillería costarricense a pronunciarse en favor de la soberanía panameña.
Durante el debate, el diputado Antonio Ortega, del izquierdista Partido Frente Amplio, quien impulsó la iniciativa, calificó las declaraciones de Trump como “terriblemente injerencistas”.
“Debemos recordar a cualquier potencia mundial, ya sea Estados Unidos, China, Rusia o India, que no renunciaremos a la soberanía de nuestros países”, enfatizó Ortega.
Por su parte, Pilar Cisneros, diputada del oficialista Partido Progreso Social Democrático, defendió el apoyo a Panamá pero señaló que las relaciones internacionales son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.
No obstante, no todos estuvieron de acuerdo con la moción. Legisladores de los partidos de derecha, como el Partido Liberal Progresista y el Partido Nueva República, argumentaron que sería prudente esperar a que Trump asuma oficialmente la presidencia el 20 de enero antes de emitir juicios sobre sus políticas.
