Las desapariciones forzadas continúan siendo una de las prácticas más graves denunciadas contra el gobierno de Nicaragua. Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas revela que al menos 75 personas han sido víctimas de este delito desde el inicio de la crisis política en el país.
El dato aparece en el “Informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua”, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que analiza las violaciones cometidas en el país desde las protestas de 2018.
Según el documento, el grupo de expertos ha verificado la desaparición forzada de al menos 75 personas, entre ellas 60 hombres y 15 mujeres, detenidas por motivos políticos en distintos momentos de los últimos años.
En muchos de estos casos, los familiares desconocieron durante semanas o incluso meses el paradero de los detenidos, ya que las autoridades no informaron en qué centros de detención se encontraban ni confirmaron su custodia.
El informe señala que algunos de los periodos de desaparición se prolongaron desde varias semanas hasta más de dos años, lo que ha generado denuncias internacionales sobre el uso de esta práctica como mecanismo de intimidación política.
¿Quiénes son las víctimas?
Entre las víctimas figuran líderes indígenas, exmilitares, activistas y opositores políticos, algunos de los cuales permanecían desaparecidos al momento de la elaboración del informe.
El documento también indica que las familias han intentado presentar recursos legales como habeas corpus para conocer el paradero de los detenidos, pero estos han sido rechazados o ignorados por las autoridades judiciales.
Para los expertos de Naciones Unidas, las desapariciones forzadas forman parte de una estrategia más amplia de represión destinada a silenciar la disidencia y controlar a la población, en un contexto que podría constituir crímenes de lesa humanidad.