En Nicaragua, la administración de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado una serie de confiscaciones masivas que han afectado a una amplia gama de sectores, desde instituciones religiosas y educativas hasta empresas privadas y propiedades personales de opositores políticos.
Estas acciones, justificadas por la dictadura como una “recuperación para el pueblo de Nicaragua”, han generado una profunda crisis económica y social en el país. Opositores, universidades, Organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, iglesias católicas y evangélicas y hasta la embajada de Taiwán y la sede de la OEA han sido parte de las confiscaciones.
El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) ha estimado que las confiscaciones realizadas por el régimen Ortega-Murillo han superado los 250 millones de dólares y que el dato es apenas la punta del iceberg.
Esta cifra es preliminar debido a la falta de transparencia del régimen y el miedo de los afectados a denunciar.
Las confiscaciones, que comenzaron en 2018 y se intensificaron en 2023, han convertido las propiedades expropiadas en una deuda pública que los ciudadanos nicaragüenses deberán pagar.
El informe de OPTA, titulado “La Nueva Piñata Ortega-Murillo”, revela que las confiscaciones abarcan una amplia gama de propiedades, incluyendo empresas, viviendas, medios de comunicación, universidades, cámaras empresariales e iglesias.
La Procuraduría General de la República (PGR) ha intentado justificar las confiscaciones argumentando que están recuperando propiedades que, según ellos, fueron “usufructuadas indebidamente” por particulares.
La justificación de la dictadura
En un comunicado emitido el 17 de mayo de 2024, la PGR afirmó que estas transferencias de propiedades al Estado de Nicaragua son el resultado de procesos penales relacionados con “delitos” como narcotráfico, lavado de dinero y “otros crímenes contra la seguridad ciudadana y la soberanía nacional”.
Al contrario de los señalamientos, organizaciones de gran credibilidad internacional como Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y más, han señalado a la dictadura de la familia Ortega-Murillo como autores de crímenes de lesa humanidad contra la población civil.
El régimen también ha argumentado que algunas propiedades pertenecían a Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL) que no cumplieron con la legislación vigente.
Según la narrativa oficial, las confiscaciones de estas propiedades al Estado son “un acto de soberanía que beneficia a la población”, aunque la mayoría de las propiedades confiscadas pertenecían a ciudadanos y organizaciones que trabajaban a favor de los sectores más vulnerables del país.
Un Costo Elevado: El impacto de las confiscaciones
Estos actos de expropiación son una continuación de las prácticas de confiscación de bienes que se remontan a la primera “piñata” de los años noventa.
Impacto en Diversos Sectores:
1. Ciudadanos y Propiedades Personales: Desde 2018, la Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense ha sido utilizada para confiscar propiedades de personas acusadas de “traición a la patria”. Hasta la fecha, 317 personas han perdido 78 propiedades, generando pérdidas económicas significativas y extendiendo el clima de terror entre los nicaragüenses.
2. Organizaciones No Gubernamentales (ONG): Las ONG han sido severamente afectadas, con 3,494 organizaciones clausuradas hasta abril de 2024, de las cuales 31 han visto 42 de sus propiedades confiscadas. Estas acciones violan la legislación nacional y resultan en pérdidas importantes para las organizaciones que apoyan a las comunidades más vulnerables.
3. Sector Empresarial: El empresariado ha sufrido confiscaciones tanto a nivel personal como gremial, con 33 cámaras y asociaciones empresariales cerradas y propiedades valoradas en 163 millones de dólares expropiadas. Este ataque al sector privado busca controlar la actividad empresarial y limitar la oposición económica al régimen.
4. Universidades: Al menos 29 centros de educación superior han sido afectados por confiscaciones y el congelamiento de cuentas bancarias desde finales de 2022. Estas acciones perjudican el acceso a la educación superior y el desarrollo académico del país.
5. Iglesia Católica: La represión también ha alcanzado a la Iglesia católica, con la confiscación de 15 propiedades de nueve asociaciones religiosas y el congelamiento de cuentas bancarias de sacerdotes. Este ataque directo a la libertad religiosa y los derechos humanos ha generado preocupación internacional.
