La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el régimen de Daniel Ortega, avanza en una polémica reforma constitucional que elimina el artículo 36, el cual consagra la protección contra la tortura en el país.
La medida, que ha generado alarma entre defensores de derechos humanos, deroga uno de los derechos fundamentales de los nicaragüenses y contradice la Convención contra la Tortura, de la cual Nicaragua es firmante.
El artículo 36 de la Constitución establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Con la reforma, este derecho será eliminado, dejando sin protección explícita a las víctimas de abusos estatales.
Desde 2018, cientos de nicaragüenses han denunciado torturas a manos de las fuerzas de seguridad del régimen tras ser arrestados por participar en protestas civiles.
Testimonios incluyen golpizas, abusos sexuales, arrancar uñas, ataques con perros y aislamiento prolongado en celdas oscuras, entre otros métodos de maltrato.
Estas prácticas, denunciadas por organismos internacionales, evidencian un patrón sistemático de represión que ahora se vería legitimado con la eliminación del artículo 36.
“El derecho a no ser torturado es uno de los pocos derechos absolutos que existen y no puede ser limitado bajo ninguna circunstancia”, señaló la Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua (UDJ). La organización calificó la reforma como “una carta blanca para la impunidad”, advirtiendo que viola principios internacionales fundamentales de derechos humanos.
La reforma también ataca los derechos de menores de edad, eliminando el artículo 35, que prohíbe el juzgamiento de niños.
Según la nueva redacción, los menores de 13 años quedarán exentos de responsabilidad penal, pero los mayores de esa edad podrán ser procesados, lo que abre la puerta a más abusos contra adolescentes.
“El régimen de Ortega no solo institucionaliza la tortura, sino que también vulnera a los sectores más frágiles de la población”, advirtió el Centro de Asistencia Legal Interamericana de Derechos Humanos (CALIDH).
En un país donde la represión ha dejado un rastro de exiliados, presos políticos y denuncias de crímenes de lesa humanidad, la reforma constitucional representa un golpe definitivo a la democracia y a la dignidad humana.
Los críticos han señalado que Ortega busca consolidar un modelo de control absoluto, eliminando derechos fundamentales y sembrando el miedo como herramienta de poder.
Mientras el régimen avanza con estas reformas, la comunidad internacional observa con preocupación, aunque sin mayores acciones concretas, el desmantelamiento de los derechos humanos en Nicaragua.
