La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a condenar la incesante represión de la dictadura de Nicaragua en contra de sus opositores y condenó la reciente confiscación de bienes de los 222 excarcelados en febrero pasado.
Para la CIDH semejantes arbitrariedades no solo atentan contra los derechos de los exprisioneros, sino también contra los de terceras personas.
“Dejan en situación de mayor vulnerabilidad a estas personas, así como a sus familiares que permanecen en el país”, advierte.
La confiscación fue “una sanción penal arbitraria y desproporcionada”, agrega.
#CIDH rechaza continua represión y violaciones de #derechoshumanos en #Nicaragua
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La condena también es por la vulneración al derecho de movilidad, pues a los expropiados y sus familias les limitan el libre ingreso o salida del país, algo que se extiende a la población en términos generales.
“Al respecto, la CIDH, a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) continúa recibiendo información sobre el retiro y retención arbitraria de pasaportes o la negativa de expedición como mecanismo para impedir la salida de personas al exterior”, dice el reporte.
“MESENI ha recibido información sobre casos de prohibición de retorno de personas nicaragüenses, quienes se enfrentan a una situación de desplazamiento forzado, obligadas a buscar regularizar su situación migratoria o acceder a mecanismos de protección internacional en otros países. Algunas personas a las que el Estado impidió arbitrariamente el retorno, señalaron al MESENI encontrarse bajo una “apatridia de facto” debido a la imposibilidad de renovar los pasaportes vencidos o acceder a otros documentos de identidad por encontrarse fuera del país y por la negativa del Estado de expedir esta documentación”, añade.
La Comisión Interamericana también denunció las detenciones arbitrarias de activistas sociales, periodistas y religiosos.
“Entre abril y mayo, más de 140 personas fueron detenidas en las celebraciones de Semana Santa, en la conmemoración del aniversario de las protestas de 2018, así como en operativos policiales ocurridos de forma simultánea en diferentes departamentos”, dice.
. Dichas detenciones masivas se caracterizaron por el uso desproporcionado de la fuerza y allanamientos violentos.
Si bien algunas detenciones habrían sido temporales, la información recibida apunta a que decenas de personas fueron judicializadas en audiencias secretas, procesos expeditos, sin el cumplimiento de las garantías judiciales. En otros casos, las autoridades habrían impuesto discrecionalmente la medida cautelar de “casa por cárcel” y órdenes de presentación diaria en estaciones policiales, lo que las mantendría en una situación de zozobra, asedio y persecución permanente. A la fecha, prevalecería un contexto generalizado de falta de información oficial sobre el paradero de las personas detenidas y su situación jurídica, lo que dificultaría el trabajo de la sociedad civil para documentar nuevos casos de personas presas políticas.
En este contexto, en el mes de mayo, la Corte Suprema de Justicia ordenó la inhabilitación vitalicia de 26 abogadas y abogados, con lo cual buscaría perpetrar un ambiente de miedo y autocensura en contra de quienes ejercen la defensa de personas opositoras políticas o siguen trabajando en Nicaragua.
La dictadura nicaragüense, encabezada por Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, mantiene una constante represión contra opositores, empresa privada, iglesias, ONG y contra todo los que para el régimen sea oposición.
