El juez federal argentino Ariel Lijo ordenó la declaración indagatoria y la captura internacional del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y su codictadora y esposa, Rosario Murillo, por su responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos.
La decisión, que también alcanza a unas dos decenas de altos funcionarios del régimen, se fundamenta en el principio de jurisdicción universal y representa un hito en la lucha contra la impunidad por crímenes de lesa humanidad.
Entre los funcionarios incluidos en la orden de captura figura el director de la Policía Nacional y consuegro de Ortega, Francisco Díaz. Los oficiales policiales Ramón Avellán, Luis Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina y la exdirectora Aminta Granera. Además, dos de los más estrechos colaboradores de la pareja dictatorial, Néstor Moncada Lau y Fidel Moreno, así como la exministra de Salud, Sonia Castro, la expresidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos, y Ramona Rodríguez, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.
La denuncia fue presentada originalmente en agosto de 2022 por el abogado Darío Richarte y un equipo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), quienes documentaron violaciones sistemáticas de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018.
El caso incluye testimonios de víctimas, informes de organismos internacionales y análisis de expertos, y denuncia actos como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecución política y desplazamientos forzados.
Richarte calificó la resolución como “un hecho histórico” que marca un antes y un después en la aplicación de la justicia universal. “Este fallo no es el final, pero sí un paso crucial para visibilizar la situación en Nicaragua y avanzar hacia la justicia para las víctimas”, señaló.
#LOULTIMO Histórico Justicia argentina ordenó la captura internacional del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega
El juez federal Ariel Lijo lo acusó de graves violaciones a los derechos humanos. pic.twitter.com/2YcGrt6mQR— Arturo McFields Yescas (@ArturoMcfields) December 30, 2024
Crímenes desde abril de 2018: un régimen marcado por la represión
El régimen Ortega-Murillo enfrenta acusaciones graves desde abril de 2018, cuando estallaron protestas masivas en Nicaragua tras una reforma al sistema de seguridad social.
La respuesta del régimen fue una represión brutal que dejó más de 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde entonces, la dictadura ha intensificado sus ataques contra la sociedad civil, encarcelando a líderes opositores, clausurando medios de comunicación independientes y persiguiendo a periodistas, religiosos, defensores de derechos humanos y empresarios.
La Iglesia católica, organizaciones no gubernamentales y cualquier voz crítica han sido silenciadas o forzadas al exilio.
En 2023, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas concluyó que el régimen cometió crímenes de lesa humanidad, incluidos actos de persecución política, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados.
Desde entonces y a lo largo de 2024, Naciones Unidas, OEA, Estados Unidos, Europa y países de América Latina han documentado y sostenido el incremento de tales crímenes de lesa humanidad por parte de Ortega y Murillo y su dictadura familiar.
Retiro del embajador y reacción esperada del régimen
Tras el ascenso de Javier Milei a la presidencia de Argentina, Nicaragua retiró a su embajador en Buenos Aires, lo que anticipa una respuesta desafiante por parte del régimen.
Ortega y Murillo tienen un historial de negar las acusaciones en su contra y de lanzar ofensivas diplomáticas cargadas de insultos y teorías conspirativas, achacando sus crímenes a supuestas injerencias de otros países.
Se espera que la pareja presidencial emita una carta iracunda en respuesta al fallo argentino, reiterando su rechazo a la jurisdicción internacional y descalificando a la justicia argentina como parte de una “estrategia imperialista”.
Un precedente en la justicia internacional
El fallo del juez Lijo se suma a los esfuerzos globales para responsabilizar a Ortega y Murillo por sus crímenes.
Además de los testimonios presentados en la causa, informes de organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han sido clave para documentar la magnitud de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
La resolución refuerza la necesidad de medidas coordinadas en la región para presionar al régimen y avanzar hacia la restauración de la democracia.
“Este pedido de captura es un llamado a la comunidad internacional para no ser cómplices de la impunidad”, afirmó Richarte.
