La libertad religiosa en América Latina “ha empeorado sensiblemente”, pero en ningún país la represión alcanza los niveles documentados en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desatado un “ataque sistemático contra líderes e instituciones religiosas”. Así lo devela el informe 2023-2024 de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN), presentado este martes en Roma.
El documento sitúa a Nicaragua entre los 24 países del mundo donde la libertad religiosa se vulnera de forma grave y recurrente, en un contexto de hostigamiento estatal contra la Iglesia católica y otras confesiones.
“La dictadura ha intensificado la represión contra la Iglesia: los grupos religiosos han perdido la personalidad jurídica, el culto público ha sido prohibido y las procesiones canceladas. Religiosos y laicos son arrestados, exiliados o privados de la ciudadanía”, señala el informe.
Entre 2023 y 2024, el régimen sandinista expulsó al Nuncio Apostólico (embajador) del Vaticano, a obispos, sacerdotes, monjas y misioneros, clausuró universidades católicas y confiscó bienes eclesiásticos.
Más de 180 religiosos han sido desterrados o encarcelados desde 2022, mientras las festividades patronales fueron suprimidas y las transmisiones de misas censuradas por los medios oficiales.
“La persecución no es solo jurídica, sino espiritual y simbólica”, advierte el documento, que recoge testimonios de sacerdotes y fieles sometidos a interrogatorios, amenazas y vigilancia.
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Una tendencia global alarmante
ACN analiza la situación en 196 países y concluye que el 64,7 % de la población mundial —unos 5 400 millones de personas— vive donde se vulnera la libertad religiosa, un aumento respecto al informe anterior.
En el 75 % de los países analizados, las restricciones se agravaron desde 2023.
En América Latina, además de Nicaragua, el reporte alerta sobre México, Cuba, Haití y Venezuela, donde las comunidades religiosas enfrentan hostigamiento estatal, violencia o criminalidad organizada.
En México, trece líderes religiosos fueron asesinados entre 2023 y 2024; en Cuba, las iglesias sufren “intimidaciones, arrestos y vandalismo bajo el control del Partido Comunista”.
En Haití, bandas armadas secuestran sacerdotes y saquean templos; y en Venezuela, el Gobierno usa la religión “como instrumento político”.
Ortega-Murillo, un modelo de control absoluto
En el caso nicaragüense, ACN subraya que la represión religiosa forma parte del modelo autoritario extremo instaurado por Ortega y Murillo desde 2018, tras las protestas sociales.
Desde entonces, la pareja presidencial considera a la Iglesia “enemiga del Estado”, especialmente después de que los templos ofrecieran refugio a manifestantes heridos.
La fundación recuerda que la Iglesia católica fue una de las pocas instituciones que mediaron por la paz, lo que derivó en el encarcelamiento y posterior destierro de decenas de clérigos.
El obispo Rolando Álvarez, condenado en 2023 a más de 26 años de prisión por “traición a la patria”, simboliza ese proceso.
“El cierre de organizaciones caritativas, la confiscación de propiedades religiosas y la censura de la liturgia constituyen un intento de borrar el espacio espiritual del país”, resume el informe.
Más allá de Nicaragua
El estudio también incluye a Bolivia, Chile, Colombia y Honduras en la categoría de “bajo observación”, ante un aumento de la intolerancia y de las trabas legales al ejercicio religioso.
ACN denuncia que el crimen organizado utiliza el culto para legitimar su poder, saquea templos y condiciona las celebraciones.
La organización concluye que la libertad religiosa “ya no puede darse por sentada” y reclama a los gobiernos democráticos de la región actuar ante los abusos.
“Callar frente a la persecución de los creyentes en Nicaragua sería permitir que el miedo se imponga sobre la fe”, advierte el documento.
