Human Rights Watch pide a la Unión Europea ampliar sanciones contra operadores políticos y judiciales en Guatemala

Entre los señalados están jueces que autorizaron prisión contra periodistas, líderes indígenas y exfiscales anticorrupción, según HRW.

Human Rights Watch pidió a la Unión Europea ampliar sanciones contra funcionarios judiciales y legislativos guatemaltecos.

La organización Human Rights Watch (HRW) pidió este martes a la Unión Europea (UE) ampliar las sanciones contra diputados, jueces y funcionarios guatemaltecos señalados de socavar la democracia y el Estado de derecho en el país.

La petición fue enviada en una carta dirigida a Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en la que HRW expresó su “profunda preocupación” por el deterioro democrático en Guatemala.

“Acogemos con satisfacción los esfuerzos del Servicio Europeo de Acción Exterior, pero ante el agravamiento de la persecución política instamos a ampliar las sanciones y adoptar nuevas acciones en apoyo a la democracia”, subrayó la organización.

HRW también agradeció el pronunciamiento público que la Unión Europea emitió en abril tras la detención de los exlíderes comunitarios Luis Pacheco y Héctor Chaclán, acusados de terrorismo por participar en protestas sociales en 2023.

HRW señala a diputados, jueces y fiscales

En la misiva, HRW incluyó una lista de personas que, a su juicio, deberían ser objeto de medidas restrictivas como la congelación de activos y la prohibición de viajes, debido a su papel en la erosión del sistema democrático. Entre los señalados se encuentran:

-Felipe Alejos Lorenzana, diputado acusado de liderar maniobras para cambiar autoridades del Congreso con el fin de facilitar investigaciones legislativas contra el presidente Bernardo Arévalo. Ya ha sido sancionado por Estados Unidos y el Reino Unido.

-Álvaro Arzú Escobar, también congresista, señalado de respaldar intentos para revertir los resultados electorales de 2023 y sancionado por Estados Unidos por debilitar la democracia.

-Dimas Jiménez y Jiménez, fiscal regional bajo el liderazgo de la fiscal general Consuelo Porras, implicado en la persecución de líderes políticos, incluyendo un proceso contra el binomio electo en 2023.

-Luis Mauricio Corado Campos, magistrado de la Corte Suprema, acusado de encabezar los esfuerzos para remover al juez que ordenó liberar al periodista José Rubén Zamora.

-Carol Patricia Flores Polanco, jueza que autorizó procesos penales considerados abusivos, incluida la prisión preventiva de los líderes comunitarios Pacheco y Chaclán.

-Víctor Manuel Cruz Rivera, juez que ha avalado casos considerados como “espurios”, incluyendo procesos contra el exfiscal Stuardo Campo y estudiantes universitarios. Figura en la lista de actores corruptos del Departamento de Estado de EE. UU.

-Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, juez acusado de iniciar procesos penales abusivos contra periodistas y exfuncionarios de la CICIG, entre ellos Claudia González y José Rubén Zamora. También ha sido sancionado por Estados Unidos.

Un llamado a defender el Estado de derecho

HRW enfatizó que estas acciones judiciales y legislativas son parte de un patrón de represión contra voces críticas en Guatemala.

Por ello, la organización instó a los Estados miembros de la UE a respaldar medidas que contribuyan a frenar el retroceso democrático y proteger las garantías fundamentales en el país.

Exit mobile version