El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), presentó una valoración sobre el detrimento que vive el país centroamericano en manos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La instancia denunció que esta nación pasa una nueva fase de violaciones a las garantías ciudadanas, motivo por el cual solicitan ampliar nuevas sanciones en contra de las instituciones involucradas en la comisión de violaciones, lo cual incluye al sector universitario afectado y a la Iglesia Católica.
En este sentido, Jan-Michael Simon, presidente GHREN de la ONU, compartió a través de la última actualización referida a la situación que en los últimos 6 meses la dictadura de Ortega y Murillo han atacado gravemente las voces de disidentes y ha arreciado sistemáticamente la persecución.
El reporte compartido por el organismo indica que los opositores pasan por severas presiones para que estos abandonen su país, para ello, han institucionalizado un sistema de vigilancia permanente y organizado desde los barrios hasta las principales urbes y pueblos de manos de los operadores políticos y de la Policía Sandinista, que se encargan de acosar a las personas en espacios públicos y privados, además de la criminalización continua, para todo ello culminar con detenciones y condenas ilegales de los que critican y opinan desfavorablemente en contra del sistema dictatorial.
“Esto ha llevado a muchas personas defensoras y opositores a abandonar el país. Una vez en el extranjero, se han enfrentado a la privación arbitraria de su nacionalidad, la confiscación de bienes y sus familiares en Nicaragua han sido expuestos a intimidación”, determina.
El ente de derechos humanos hace hincapié en el informe que los sacerdotes de la Iglesia Católica son los que cada vez se convierten más en el blanco de ataques.
Asimismo, Jan-Michael en la presentación del informe denunció que Ortega ha intensificado de manera gradual la persecución de las universidades como espacios para el pensamiento crítico e independiente. Y recogen que el régimen ha cancelado al menos a 27 instituciones su personería jurídica, que incluye la confiscación de sus bienes y patrimonios.
“Esto se ha hecho invocando supuestas infracciones de la normativa, lo que refleja la instrumentalización del aparato del Estado para suprimir la libertad y la diversidad académicas”, reporta.
Estudiantes en la mira
Respecto a los estudiantes afectados, el GHREN dice que el régimen les percibe como disidentes u opositores, lo que conlleva a que estos tengan que asumir y pagar un alto precio como miembro de la sociedad nicaragüense, porque no hay espacios para otra forma de pensar que la dictada por el régimen.
“Muchos han sido expulsados y se enfrentan a hostigamientos que incluyen la denegación de sus expedientes académicos y documentación, lo que contribuye a que no puedan continuar sus estudios en Nicaragua o en el extranjero”, indica el reporte.
Además, el sistema establecido también se encarga de dar persecución a las autoridades académicas y al cuerpo docente, por lo que la comunidad estudiantil y el personal académico y administrativo han tenido que buscar como única alternativa, abandonar el país, lo que incluye que algunos, han sido privados de su nacionalidad una vez están fuera de Nicaragua.
“Hemos observado la privación intencionada y grave de los derechos económicos y sociales, en particular del derecho a la educación y a la libertad académica. Hoy, el sector universitario de Nicaragua en su conjunto ya no cuenta con instituciones independientes. Nicaragua está siendo despojada de su capital intelectual y de sus voces críticas, dejando en suspenso las perspectivas y el desarrollo del país”, compartió Simon.
Las violaciones de los derechos humanos se establencen desde el más alto nivel, lo cual involcura a toda una red organizada estatalmente para repimir y violar los derechos humanos de los nicaragüenses que crítican el sistema totalitario establecido por Ortega y Murillo.
En este sentido, el organismo denuncia que las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua son perpetradas desde el más alto nivel del Estado junto a instituciones controladas como el Ministerio de Educación, la Juventud e Interior, la misma Asamblea Nacional, entre otras.
Estiman que estas acciones que se constituyen en violaciones de derechos humanos, se cometen debido a la identidad política, por lo que los expertos han concluido que se constituye en prima facie de lesa humanidad de persecución por motivos políticos.
Ante ello, el organismo de la ONU solicitó a la dictadura permitir el ingreso de organismos de verificación neutrales e independientes cono la Cruz Roja Internacional, a los centros de detención donde se encuentran sometidos los reos políticos reales o supuestos.
https://x.com/UN_HRC/status/1701627239542964345?s=20
Al mismo tiempo, GHREN solicita a la dictadura cooperar para que un grupo de esta instancia pueda ingresar al país.
También hacen un llamado a la comunidad internacional a garantizar un acceso justo y efectivo a los procedimientos de identificación, remisión y determinación del estatus de las personas privadas de su nacionalidad u obligadas a abandonar Nicaragua. Así como en la medida de lo posible, facilitar su asimilación y naturalización.
Por último, se dirigen a la comunidad internacional para que apoye a los estudiantes y al personal académico que ha sido afectado con las acciones realizadas por la dictadura. Y elevan el mensaje para que se amplíen las sanciones contra instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, incluidos aquellos dirigidos al sector universitario de Nicaragua.
