Gobierno de Panamá mantiene ofensiva contra el sindicato de la construcción y apunta a supuestas injerencias externas

El gobierno de José Raúl Mulino intensificó su postura contra el Suntracs tras solicitar formalmente su disolución, alegando corrupción y extorsión, mientras el sindicato rechaza las acusaciones, denuncia injerencias políticas y defiende su legalidad.

Huellas de una de las violentas protestas del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs). El gobierno ha pedido su disolución.

La disputa entre el Gobierno de Panamá y el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) continúa escalando. Este viernes, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, reiteró su petición de disolución del sindicato, alegando que se ha desvirtuado de su objetivo original y que, bajo su estructura, se han cometido actos de “extorsión, violencia, estafa, abuso de poder y uso indebido de recursos”.

Muñoz fue más allá al insinuar presuntas injerencias extranjeras. “Es evidente que durante sus viajes a China intercambiaron información, lo cual demuestra un conocimiento profundo y estratégico del tema”, declaró. Según la ministra, el gobierno está comprometido a garantizar el respeto a la ley y no permitirá que “intereses particulares y politiqueros perturben la tranquilidad del país”.

Por su parte, el canciller Javier Martínez-Acha respaldó la postura oficial, señalando a ciertos dirigentes sindicales de prácticas “mafiosas, ilegales y profundamente corruptas”. 

“Han traicionado la confianza de sus bases y estafado a su propia membresía”, afirmó, al pedir que el Ministerio Público y la Contraloría continúen con investigaciones independientes. “Ya basta de impunidad. La dignidad del trabajador panameño no se negocia ni se vende”, enfatizó.

Frente a estas acusaciones, el histórico dirigente de Suntracs, Genaro López, respondió que la solicitud de disolución “no tiene base legal”. Desde su arresto domiciliario, López aseguró que distintos gobiernos han intentado debilitar al sindicato creando otras organizaciones paralelas. “Incluso han impulsado sindicatos alternos para dividirnos, lo cual está penalizado en el Código de Trabajo”, dijo.

López también calificó de “totalmente ilegal” la resolución ministerial que ordena entregar las cuotas sindicales al Ministerio de Trabajo en lugar de al sindicato, y recordó que el presidente José Raúl Mulino ya había declarado públicamente su intención de reducir al Suntracs a su mínima expresión.

Mientras tanto, el conflicto tiene un componente internacional: el secretario general del sindicato, Saúl Méndez, permanece refugiado en la embajada de Bolivia en Panamá, y el dirigente Erasmo Cerrud continúa asilado en la embajada de Nicaragua, a la espera de salvoconductos para salir del país.

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