La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) publicó el martes su Informe Anual 2025, donde reitera su preocupación por la situación de la libertad religiosa en Nicaragua y recomienda al Departamento de Estado mantener al país centroamericano en la Lista de Vigilancia Especial (SWL) por cometer o tolerar violaciones graves a este derecho fundamental.
“El gobierno de Ortega ha creado un entorno hostil y represivo contra la Iglesia católica y sus fieles, en un intento de silenciar cualquier forma de disidencia”, señala el informe.
“La impunidad y la violencia sostenida han deteriorado profundamente el tejido social y religioso del país”, subraya el reporte.
El informe, que analiza las condiciones de libertad religiosa durante 2024, señala que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa con su campaña de persecución contra la Iglesia católica, un patrón que se intensificó tras las protestas sociales de abril de 2018.
La USCIRF documenta una serie de abusos que incluyen vandalismo, profanación de templos, amenazas, expulsiones de clérigos extranjeros, y discursos de odio promovidos desde los más altos niveles del gobierno sandinista.
Uno de los casos más alarmantes fue el ataque incendiario en julio de 2020 contra una capilla en la Catedral de Managua, donde resultó carbonizado un crucifijo de 400 años. La codictadora Rosario Murillo minimizó el hecho, alegando sin fundamento que fue provocado por una vela, pese a que no había ninguna en el lugar. La falta de investigación oficial y sanciones ha generado un clima de impunidad, advirtió el informe.
El informe también denuncia que funcionarios de alto nivel, incluyendo a la codictadora Murillo y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, han emitido declaraciones incendiarias que promueven el odio contra el clero católico. Incluso se han producido agresiones físicas dentro de templos, como ocurrió en Matagalpa en febrero de 2020, cuando un sacristán fue golpeado y rociado con gas pimienta.
La USCIRF recordó que el gobierno estadounidense ha aplicado sanciones económicas y políticas contra funcionarios nicaragüenses por violaciones a los derechos humanos, aunque hasta ahora no ha emitido medidas específicas vinculadas a la libertad religiosa.
Nicaragua vive una prolongada crisis sociopolítica desde 2018, con una dictadura familiar que controla de forma autoritaria los tres poderes del Estado. Ante este panorama, la Iglesia ha sido una de las pocas instituciones que ha ofrecido auxilio humanitario, mediación y voz crítica, lo que le ha valido represalias.
El régimen sandinista también ha obstaculizado la labor de Caritas, negándole exenciones fiscales y bloqueando donaciones extranjeras, bajo el amparo de leyes como la Ley de Agentes Extranjeros, que permite al Ministerio del Interior registrar y vigilar a organizaciones con fondos internacionales.
El reporte 2025 también incluye a países como China, Irán, Cuba, Corea del Norte y Rusia como naciones de especial preocupación por sus severas violaciones a la libertad religiosa.
En total, 16 países fueron propuestos para esa categoría y otros 12 para la Lista de Vigilancia Especial, mientras que 7 entidades no estatales fueron identificadas como amenazas graves.
“La libertad religiosa está bajo ataque en muchos rincones del mundo, pero aún hay oportunidades para defenderla y expandirla”, afirmó el vicepresidente de la USCIRF, Meir Soloveichik.
Recomendaciones clave al gobierno estadounidese
Entre las medidas propuestas por la USCIRF al gobierno estadounidense destacan:
– Mantener a Nicaragua en la Lista de Vigilancia Especial del Departamento de Estado bajo la Ley de Libertad Religiosa Internacional (IRFA).
– Imponer sanciones específicas a funcionarios y entidades del régimen Ortega-Murillo responsables de violaciones a la libertad religiosa.
– Instar a la Organización de Estados Americanos (OEA) a investigar los crímenes cometidos contra actores religiosos.
– Apoyar a organizaciones no gubernamentales que monitorean y defienden la libertad religiosa, especialmente en el contexto electoral.
Además, se recomienda que el Congreso de Estados Unidos celebre audiencias públicas para exponer las violaciones del régimen y fortalecer la política exterior en defensa de este derecho fundamental.