Durante las inspecciones de rutina propias del cambio de administración en el Congreso Nacional de Honduras, personal de seguridad detectó equipos de espionaje de alta tecnología, incluidos cámaras y micrófonos ocultos, que no estaban registrados ni autorizados, generando alarma política y social justo antes de la instalación de la nueva legislatura.
El descubrimiento se dio mientras equipos técnicos realizaban revisiones internas en oficinas, salones de reuniones privadas y espacios de tránsito del Legislativo, como parte del proceso de entrega-recepción entre administraciones.
Fuentes internas del Poder Legislativo indicaron que los dispositivos, de última generación y valorados en varios cientos de dólares, estaban estratégicamente ubicados y funcionaron sin contratos oficiales o registro administrativo, lo que ha encendido señales de alerta sobre posibles violaciones a la privacidad de los legisladores y personal del Congreso.
El hallazgo se produce en un contexto de tensión institucional en Honduras: horas más tarde, los diputados lograron instalar una Junta Directiva provisional para dar inicio formal al periodo legislativo 2026-2030, tras largas negociaciones marcadas por desacuerdos entre bancadas.
El grupo de seguridad interna ya retiró los equipos clandestinos y ha iniciado auditorías técnicas y revisiones de seguridad adicionales para descartar la presencia de más dispositivos no autorizados en el edificio legislativo.
A falta de pronunciamientos oficiales, diversas voces políticas y analistas han señalado que este caso podría desatar una crisis de credibilidad institucional si no se esclarece con rapidez quién instaló el equipo, con qué propósito y durante cuánto tiempo estuvieron activos.
Organizaciones civiles y expertos en transparencia advierten que la presencia de sistemas de espionaje sin autorización en una de las principales instituciones del Estado representa un grave desafío a la privacidad, la seguridad democrática y la confianza pública en el funcionamiento del Congreso.
Este incidente se suma a un escenario político ya cargado en Honduras, que incluye la reciente entrega de credenciales a autoridades electas bajo tensión social y protestas, así como la transición al gobierno entrante tras unas elecciones polémicas.