Al menos dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral guatemalteco han denunciado amenazas e intimidaciones y una magistrada ha anunciado su disposición a renunciar después de los comicios de este domingo.
“Hoy, de manera triste, el magistrado Gabriel Aguilera y mi persona, del número de teléfono 5763-9933 hemos recibido una serie de mensajes donde se nos advierte que nos abstengamos cualquier acción para cometer cualquier fraude electoral y de hacerlo de ella manera, ellos tomarían acciones en contra de nuestra carrera, de nosotros, en contra de nuestra familia”, denunció la magistrada del TSE, Blanca Alfaro.
La magistrada Alfaro además anunció que el martes presentará su renuncia al Congreso. Argumenta que se someterá a la justicia por las investigaciones.
Alfaro explicó que las amenazas “vienen desde hace como tres meses”.
“Me han dicho que lo que le pasó a la exfiscal Virginia Laparra es lo que a mí me va a pasar”, denunció.
Laparra es una exfiscal guatemalteca que persiguió la corrupción y luego fue procesada y condenada por delitos menores durante el gobierno actual.
Según Alfaro, el ministerio de Gobernación le ha ofrecido seguridad.
“Pareciera que es un clima difícil, lo comprendemos, sabemos de la tolerancia, sabemos que debemos conservar la paz unos con otros, el amor unos con otros. Sabemos que la función pública está sujeta a la crítica, pero cuando sobrepasamos y ya se vuelven en acciones de intimidación y amenazas, eso es lamentable”, dijo Alfaro.
La magistrada mostró el mensaje que había recibido en su teléfono celular. El texto dice: “Cómo está blanca. Estamos pendientes de usted blanca espero que vaya cometer el error de cometer el fraude porque si se lleva a cabo se la va acabar la carrera y nos vamos a cagar en su persona y su familia”.
La presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE), Irma Palencia, ha denunciado que la Fiscalía ha abierto 13 investigaciones distintas abiertas contra la entidad.
El TSE ha denunciado acciones “desproporcionadas, intimidatorias y con exceso de fuerza” ejecutadas por “diferentes autoridades” del país en su contra después de que la Fiscalía realizase varios registros de su sede.
