El gobierno de Costa Rica inició un nuevo intento por recortar más de $52 millones al Poder Judicial, que a su vez advierte que la reducción de fondos impulsada por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, beneficiaría al narcotráfico y al crimen organizado, pues limitaría los operativos.
En un nuevo intento de cortar fondos, Chaves ordenó impulsar un nuevo intento de recorte de 23,000 millones de colones (más de $52 millones) al presupuesto del Poder Judicial, de esos fondos, el 43 % de lo recortado correspondería a fondos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Al respecto, el director del OJI, Michael Soto, aseveró, durante una reunión de Corte Plena, que de concretarse el recorte se estaría beneficiando al narcotráfico y al crimen organizado porque se limitaría la capacidad para echar a andar operativos de control de territorios, que han permitido la captura de altos líderes criminales como “Diablo” y “Pecho de Rata”.
“Si no tenemos los recursos para combatir al crimen organizado, podría eventualmente entrar en un caos en el país. Cuando se desarticulan estructuras criminales como las que hemos desarticulado recientemente, se generan espacios de poder que generan violencia y generan caos, y ahí es donde tenemos que hacer nosotros contención criminal permanente para evitar que las estructuras criminales generen más violencia”, aseveró Soto.
Golpe fuerte a la operatividad
Soto también indicó que el recorte de fondos afectaría la adquisición de insumos de laboratorio para pruebas de ADN en casos de violencia sexual. Además, en los 9,536 millones que se planea recortar al OIJ se contemplan gastos de combustible, lo que limitaría patrullajes en zonas recuperadas, pues el OIJ ha advertido que las rutas de tráfico abandonadas por los narcos capturados son rápidamente tomadas por disidentes o nuevas estructuras que generan violencia por disputas de control.
Recorte también obligaría cierre de fiscalías
Dentro del recorte, se incluyen 558 millones ($1.2 millones) de la Fiscalía General, lo que, obligaría el cierre de oficinas regionales, generando así afectaciones al derecho de acceso a la justicia porque se atenderían solo casos de “extrema urgencia”, según explicó el fiscal, Carlo Díaz.
“Yo ya lo he indicado, vamos a trabajar aunque sea con las uñas, perdón la expresión coloquial, pero eso es lo que vamos a hacer, y no vamos a permitir que el caos reine y, sobre todo, vamos a fortalecer nuestra democracia”, aseguró el fiscal en la Corte Plena.
Ante las graves implicaciones del recorte propuesto, la Corte Plena acordó autorizar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, para que presente un recurso de revocatoria, con nulidad concomitante. El recurso incluye una medida cautelar para detener inmediatamente el recorte ordenado por Chaves. Mientras tanto, la Presidencia se ha recetado aumentos al gasto en publicidad.
La Corte pide que el único recorte aplicado sea el de 13,221 millones ($29.3 millones) acordado por los magistrados para contribuir con los ahorros por la situación fiscal del país. Cabe recordar que Chaves ya había intentado otro recorte de $6 millones, pero dio marcha atrás en un inesperado movimiento, luego del plantón ciudadano en apoyo al Poder Judicial.
