La administración de la presidenta Laura Fernández cumple este 16 de agosto sus primeros 100 días de gestión con un claro sello de continuidad respecto al gobierno de Rodrigo Chaves, quien mantiene un papel protagónico desde el gabinete como ministro de Hacienda y de la Presidencia, consolidando el proyecto político oficialista.
El nuevo gobierno ha mantenido prácticamente sin cambios la línea política y comunicacional de la administración anterior. Fernández, quien fue ministra de Planificación y de la Presidencia durante el mandato de Chaves, ha reforzado el discurso impulsado por el expresidente desde la campaña electoral.
Uno de los principales ejes del inicio de la gestión ha sido la seguridad pública. El Ejecutivo ha priorizado una estrategia de “mano dura” con la creación de la Fuerza Élite, el fortalecimiento de controles en los centros penitenciarios, la reactivación del Consejo Nacional de Seguridad y la presentación de paquetes de reformas legales para combatir el crimen organizado.
El gobierno también decidió restablecer la presencia de la Policía de Control de Drogas en aeropuertos y puestos fronterizos, revirtiendo una decisión adoptada durante la administración anterior, mientras las reuniones semanales de seguridad son encabezadas directamente por la presidenta junto con los principales jerarcas policiales.
En el plano político, la administración ha intensificado sus cuestionamientos contra el Poder Judicial, la Sala Constitucional y sectores opositores, manteniendo un estilo de confrontación que anteriormente caracterizó al gobierno de Chaves. La mandataria también ha adoptado un discurso más directo, acompañado de expresiones coloquiales y fuertes críticas contra quienes cuestionan las acciones del Ejecutivo.
Chaves protagonista
La relación entre Laura Fernández y Rodrigo Chaves también ha cobrado mayor protagonismo durante estos primeros meses.
El exmandatario incrementó su presencia en actividades oficiales y conferencias gubernamentales, participando incluso en asuntos ajenos a sus funciones ministeriales, lo que ha fortalecido la percepción de que continúa siendo la principal figura del movimiento oficialista.
En materia económica, el panorama resulta más complejo que el heredado al inicio del mandato. A las preocupaciones por la desaceleración de algunos sectores productivos se suma el incremento de los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos costarricenses, así como señales de menor dinamismo en las zonas francas, uno de los principales motores de la economía del país.
Además de los retos económicos, el Ejecutivo impulsa nuevas iniciativas legislativas, entre ellas el proyecto para restablecer las jornadas laborales de 12 horas, una propuesta que ya genera fuertes divisiones políticas y que podría convertirse en uno de los principales focos de confrontación durante el resto del año legislativo.