La embajada de Estados Unidos en Managua denunció el domingo los ” preocupantes patrones” de represión en Nicaragua, entre los que destacan la persecución religiosa, la confiscación de bienes de instituciones eclesiásticas y educativas, así como el destierro arbitrario de ciudadanos.
En una publicación realizada en sus redes sociales, la sede diplomática afirmó que la investigación realizada por el Gobierno estadounidense reveló “patrones preocupantes que afectan a la población nicaragüense”, en áreas sensibles como los derechos humanos, derechos laborales y el Estado de derecho.
Como parte del informe visual, la embajada compartió tres imágenes acompañadas de testimonios y evidencias sobre los abusos documentados.
En la primera fotografía aparece Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y Estelí, durante el momento en que fue sitiado por fuerzas policiales previo a su captura y posterior condena judicial por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Los ataques en Nicaragua contra la libertad religiosa han dado lugar al cierre y la incautación ilegales de instituciones y propiedades religiosas, incluidas iglesias estadounidenses”, señaló la embajada.
Confiscaciones y destierro
La segunda imagen hace referencia al cierre de la Universidad Centroamericana (UCA), dirigida por la orden jesuita, acompañada del mensaje: “El régimen ha reprimido a las organizaciones religiosas mediante el cierre forzoso y la confiscación de instituciones y propiedades, incluida la Universidad Centroamericana UCA”.
La tercera imagen muestra una bandera de Nicaragua detrás de una cerca metálica. La leyenda plantea una escena cotidiana que refleja el drama de cientos de exiliados: “Imaginate que un día salís de tu casa, dejás a tus hijos, a tu marido, a tu mujer, a tu madre o a tu padre y te vas de viaje por cinco días y luego no podés volver a tu casa porque así lo ha decidido el gobierno”.
La referencia alude directamente a los casos de nicaragüenses que han sido desterrados sin juicio ni aviso, así como a los más de 300 ciudadanos que han sido despojados de su nacionalidad, en contravención a la Constitución del país.
Entre las víctimas de estas medidas se cuentan líderes religiosos, periodistas, escritores, feministas, defensores de derechos humanos, líderes campesinos y ciudadanos comunes, convertidos en objetivo del régimen por su pensamiento crítico o su activismo social.