Estados Unidos revocó la visa del diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás Alvarado, y prohibió el ingreso a su territorio al legislador de Nueva República, José Pablo Sibaja, en una medida que se suma a las recientes restricciones impuestas a otros funcionarios costarricenses.
La decisión, que hasta el momento no ha sido explicada oficialmente por la administración estadounidense, se enmarca en una creciente preocupación de Washington por la influencia de China en América Latina y, en particular, por la expansión de la gigante tecnológica Huawei en la región.
La sanción llega un mes después de que el senador estadounidense Marco Rubio visitara Costa Rica en febrero y advirtiera sobre los riesgos de la penetración de empresas chinas en la infraestructura crítica del país.
Durante su estadía, Rubio instó al gobierno costarricense a reforzar sus lazos con Estados Unidos y evitar acuerdos con compañías vinculadas a Beijing, señalando a Huawei como un “riesgo para la seguridad nacional”.
El caso de Francisco Nicolás había sido expuesto en el reportaje Made in China del medio Central de Noticias, en el que se detallaban reuniones privadas entre el diputado y Zhiheng Reng, conocido como “Henry”, director de relaciones públicas de Huawei en Centroamérica.
Junto a Nicolás, las diputadas del Partido Liberal Progresista, Johana Obando Bonilla y Cynthia Córdoba Serrano, también fueron mencionadas en el reportaje y sus visas ya habían sido revocadas semanas atrás.
José Pablo Sibaja, por su parte, ha negado haber recibido una notificación oficial sobre su prohibición de ingreso a EE.UU.
Sin embargo, fuentes diplomáticas y medios locales aseguran que la medida ya fue aplicada.
Sibaja reaccionó a la noticia afirmando que Washington tiene “derecho soberano” de decidir quién entra en su territorio, pero no descartó que esta decisión tenga un trasfondo político.
Un patrón de sanciones en Costa Rica
La revocación de visas a políticos costarricenses no es un hecho aislado. En días recientes, se confirmó que la auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Ana Sofía Machuca Flores, y el sindicalista Carlos Stradi también fueron objeto de restricciones por parte de EE.UU.
El ICE, proveedor estatal de telecomunicaciones, ha estado en el centro de la polémica por su relación con empresas chinas.
Washington ha advertido reiteradamente sobre los riesgos de que Huawei participe en el desarrollo de redes 5G en Costa Rica, argumentando que su tecnología podría ser utilizada para espionaje por parte del gobierno chino.
En este contexto, la administración del presidente Rodrigo Chaves ha reforzado su alineamiento con la política de EE.UU. hacia China.
La Casa Presidencial no ha emitido declaraciones sobre las sanciones a los diputados opositores, pero en círculos políticos se especula que el gobierno costarricense ha colaborado con Washington en el suministro de información sobre las relaciones entre políticos locales y empresas chinas.
Implicaciones políticas y diplomáticas
La decisión de EE.UU. de sancionar a estos funcionarios pone de manifiesto el endurecimiento de su postura frente a la creciente influencia de China en la región.
Para Costa Rica, un país históricamente alineado con Washington pero que mantiene relaciones diplomáticas con Beijing desde 2007, la presión para elegir un bando en la disputa tecnológica y geopolítica global se intensifica. Por el momento, ni Nicolás ni Sibaja han explicado si tomarán acciones diplomáticas en respuesta a la sanción.
Sin embargo, analistas advierten que esta serie de revocaciones de visas podría marcar el inicio de una nueva fase en las relaciones entre Costa Rica y EE.UU., con un escrutinio cada vez mayor sobre los lazos de políticos y funcionarios con China.
