El Gobierno de Estados Unidos revocó las visas de las diputadas costarricenses Johanna Obando y Cynthia Córdoba, ambas del Partido Liberal Progresista (PLP), en un movimiento que ha generado inquietud en la política local.
La medida fue reportada este martes por el diario La Nación y ocurre en el contexto de crecientes fricciones entre Washington y San José por la implementación de la tecnología 5G.
Según información preliminar, la decisión de la administración de Donald Trump estaría vinculada con la reciente visita a Costa Rica del Secretario de Estado, Marco Rubio, quien advirtió sobre la presencia de actores que, según Washington, representan amenazas en materia de ciberseguridad.
Rubio, en una reunión con autoridades en Casa Presidencial, mencionó la necesidad de “combatir a los enemigos de Estados Unidos en materia de ciberseguridad” y señaló a ciertos sectores políticos y empresariales que, en su criterio, “se prestan por diferentes razones a apoyar a eso que le hace daño al Estado y a los intereses de un pueblo”.
El trasfondo del retiro de visas está marcado por el papel de Huawei en la licitación de la red 5G en Costa Rica.
La Casa Blanca ha mantenido una presión constante para que sus aliados en la región excluyan a la empresa china de estos proyectos, argumentando riesgos de espionaje y una posible vulnerabilidad en las infraestructuras críticas de telecomunicaciones.
Costa Rica, sin embargo, ha mantenido abierta la licitación sin prohibir la participación de Huawei, lo que ha generado roces con Washington.
Las diputadas Obando y Córdoba forman parte de la comisión legislativa que investiga el proceso de adjudicación del 5G, lo que habría llevado a que EE.UU. adoptara sanciones directas en su contra. Ambas diputadas fueron mencionadas en medios costarricenses en diciembre por unas reuniones sostenidas con un ejecutivo de la firma de telecomunicaciones china Huawei.
Hasta el momento, ninguna de las legisladoras ha emitido declaraciones sobre la cancelación de sus visas. El retiro de visas a funcionarios extranjeros ha sido una herramienta habitual de Washington para ejercer presión política en la región.
En el caso de Costa Rica, se inscribe en una estrategia más amplia para frenar la influencia china en áreas estratégicas, como la tecnología y la infraestructura digital.
Este episodio recuerda medidas similares aplicadas por EE.UU. contra funcionarios de El Salvador, Honduras y Guatemala, en el marco de disputas sobre corrupción, narcotráfico o acuerdos comerciales.
En este caso, la decisión refuerza la postura de la administración Trump sobre la necesidad de mantener el liderazgo tecnológico estadounidense en América Latina y reducir la expansión de empresas chinas en sectores clave.
Las relaciones entre San José y Washington han sido históricamente cercanas, pero la disputa por la licitación de la red 5G podría abrir un nuevo frente de tensiones.
