La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras, Gabriela Castellanos, aseguró que el regreso al país del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos y posteriormente indultado por el presidente Donald Trump, es un desafío directo a la maltrecha justicia de la nación centroaméricana.
Bajo el título “El acusado no está solo”, Castellanos sostuvo en un mensaje divulgado este lunes que el retorno del exmandatario no debe interpretarse únicamente como un hecho político. Además, a su juicio, el episodio constituye una prueba para la justicia hondureña. También es una prueba para la capacidad del Estado de investigar las denuncias de corrupción que aún permanecen pendientes.
Su mensaje centra la atención menos en el indulto estadounidense y más en la respuesta que deberán ofrecer las instituciones hondureñas frente a un exgobernante que vuelve al país con procesos y señalamientos aún presentes en el debate público.
“Aterriza con la confianza de quien parece convencido de que los pactos de élite pueden imponerse sobre la justicia”, dijo Castellanos.
“Lo recibe el delirio calculado de una multitud de simpatizantes del Partido Nacional, movilizada por la nostalgia del poder y una memoria convenientemente selectiva, dispuesta a vitorear al hombre que convirtió al Estado en una sucursal de intereses criminales”, añadió.
DISCULPEN MI CASTELLANO
El acusado no está solo
Gabriela Castellanos
AbogadaLa sombra más pesada que ha gravitado sobre la historia institucional de Honduras en el siglo XXI ha regresado. Juan Orlando Hernández no vuelve como el expresidente extraditado que abandonó el país…
— Gabriela Castellanos (@GCastellanosL) July 27, 2026
La independencia judicial ocupa el centro del debate
Castellanos afirmó que el sistema de justicia de Honduras ha enfrentado durante décadas cuestionamientos por su cercanía con el poder político. Además, señaló que durante la administración de Hernández el aparato judicial protegió actos de corrupción y garantizó impunidad.
Sobre esa base, planteó una pregunta que atraviesa todo su pronunciamiento: si un sistema judicial que, según su análisis, fue moldeado bajo la influencia del poder político puede ahora investigar a quien dirigió el país.
La abogada sostuvo que el Poder Judicial enfrenta dos caminos. El primero consiste en archivar los casos y evitar nuevas investigaciones. El segundo implica permitir que los procesos avancen conforme a la ley y demostrar independencia frente a las presiones políticas.
El indulto no extingue las responsabilidades internas
Uno de los principales argumentos del mensaje es que el indulto otorgado en Estados Unidos no elimina las posibles responsabilidades que puedan existir dentro de Honduras.
Conmueve ver a una familia nuevamente unida después de cuatro años. ¡Bienvenido a su tierra, expresidente y amigo Juan Orlando! Que Dios bendiga este reencuentro y este nuevo comienzo. https://t.co/NMPMK50vzp
— Juan Diego Zelaya (@juandiegozelaya) July 26, 2026
Castellanos afirmó que una decisión adoptada por otro Estado no sustituye las competencias de los tribunales hondureños ni impide que continúen investigaciones sobre presuntos actos de corrupción cometidos durante la administración de Hernández.
Con esa afirmación, la directora del CNA separa el efecto jurídico del indulto estadounidense del alcance de la justicia nacional. Además, insiste en que ambos procesos pertenecen a jurisdicciones distintas.
El regreso que reabre el debate institucional
El pronunciamiento también analiza el impacto político del retorno de Hernández. Castellanos cuestionó las muestras de apoyo de simpatizantes del Partido Nacional y advirtió que el respaldo político no debe confundirse con la ausencia de responsabilidades legales.
En la parte final de su mensaje, concluyó que el regreso del exmandatario representa una nueva prueba para las instituciones hondureñas. Según su planteamiento, la forma en que actúe el Poder Judicial definirá si el país fortalece el Estado de derecho. Por otro lado, podría mantener las dudas sobre la capacidad de investigar a quienes ejercieron el poder.