La Asamblea Legislativa de Costa Rica definió que el próximo 16 de diciembre votará si levanta el fuero de improcedibilidad al presidente Rodrigo Chaves, atendiendo una solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que lo acusa de presunta beligerancia política en al menos 15 casos.
El presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, informó que se notificará al mandatario sobre lo acordado, con el fin de que pueda presentarse ante el Plenario Legislativo si lo considera pertinente.
“Se le debe remitir el oficio al señor presidente de la República indicándole lo acordado para que pueda, en su calidad de acusado, comparecer si a bien lo tiene”, detalló Arias.
Las diputadas Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional, y Rocío Alfaro, del Frente Amplio, integrantes de la Comisión Especial que analizó el caso, concluyeron que existen elementos suficientes para recomendar el retiro de la inmunidad al jefe de Estado. Además, descartaron indicios de persecución política en su contra.
Alejandro Pacheco, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, confirmó que la votación se llevará a cabo el 16 de diciembre a partir de la 1:00 p.m., tras una reunión entre los jefes de bancada. Inicialmente, la sesión estaba programada para el 15, pero se pospuso debido a que el presidente Chaves tiene compromisos médicos ese día, según informó la diputada oficialista Pilar Cisneros.
Durante la sesión, Chaves tendrá la posibilidad de dirigirse a los diputados durante 30 minutos, una vez la Comisión Especial exponga su informe. Posteriormente, deberá abandonar el salón legislativo para que inicie el debate y la votación final.
Para proceder con el levantamiento del fuero se requieren al menos 38 votos a favor. En una ocasión anterior, el 22 de septiembre, cuando se abordó el caso conocido como BCIE-Cariñitos, la moción no alcanzó el respaldo necesario y fue rechazada con 34 votos a favor y 21 en contra.
Esta nueva votación definirá si el presidente Rodrigo Chaves puede ser procesado por el TSE por presuntas infracciones a la neutralidad política que deben guardar los funcionarios públicos, de acuerdo a lo que establece la legislación costarricense.