Dictadura de Nicaragua suspendió pagos a la Corte Centroamericana como represalia por no obtener el control del SICA

El régimen de Ortega y Murillo dejó sin fondos a la CCJ antes de retirarse del organismo y ahora la institución está en crisis por falta de pagos

Corte-Centroamericana-de-Justicia.-Archivo

Oficinas de la Corte Centroamericana de Justicia en Managua.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo suspendió en 2024 el pago de sus obligaciones ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), como represalia por el rechazo de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) a los candidatos propuestos por Managua para la Secretaría General del bloque regional, según documentos del Parlamento Centroamericano (Parlacen) citados por La Prensa de Nicaragua

De acuerdo con el informe de la Comisión de Macroeconomía y Finanzas del Parlacen, la decisión del régimen nicaragüense provocó un déficit financiero que obligó a la CCJ, con sede en Managua, a aplicar “medidas de emergencia”, como la suspensión de seguros vehiculares, despidos de personal y recorte de viáticos.

El informe detalla que el presupuesto aprobado para 2024 fue de 2.16 millones de dólares, pero solo se ejecutó el 68,71 %, debido a que Nicaragua —uno de los tres países que financian la Corte junto a El Salvador y Honduras— no pagó su cuota.

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Valdrack Jaentschke, canciller de la dictadura de Nicaragua.

Represalia por rechazo a sus candidatos

Nicaragua debía proponer al secretario general del SICA para el período 2022-2026.

Sin embargo, tras la renuncia de Werner Vargas en 2023, los países miembros rechazaron al menos cinco ternas impulsadas por el régimen, entre ellas las encabezadas por los cancilleres Denis Moncada y Valdrack Jaentschke.

En diciembre de 2024, Jaentschke solicitó a la CCJ una opinión consultiva para presionar al resto de países, pero al no obtener respaldo, el régimen anunció el 18 de marzo de 2025 su retiro del tribunal regional.

Crisis y abandono institucional

El Salvador, que mantenía deudas acumuladas desde 2020, logró compensar el vacío dejado por Nicaragua al abonar 1,6 millones de dólares en cuotas atrasadas.

No obstante, la Comisión del Parlacen alertó sobre el riesgo operativo que enfrenta la Corte tras el retiro nicaragüense y la falta de nuevos aportes.

Aunque el informe concluye que la CCJ “mantuvo un manejo responsable” de sus recursos, el impago de Managua marcó la primera suspensión de aportes en la historia de la institución y profundizó la fractura política dentro del sistema regional centroamericano.

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