La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este miércoles, de forma unánime y sin debate, a 5 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) propuestos por la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Todos son fichas claves del régimen sandinista y figuran en informes internacionales por violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y corrupción.
La decisión consolida el control absoluto del aparato judicial por parte de la pareja gobernante.
Los designados son Ana Julia Guido Ochoa, Shura Bonilyn Welcome Crawford, José Manuel Fuertes Toledo, Ernesto Leonel Rodríguez Mejía y Octavio Ernesto Rothschuh Andino.
La comisión especial legislativa revisó el expediente en tiempo récord y declaró que no era necesario realizar audiencias públicas. La juramentación fue programada para el jueves 27 de noviembre.
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Operadores de la represión
Ana Julia Guido, exfiscal general, fue sancionada por Estados Unidos en 2020. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU la señala como pieza central en la fabricación de expedientes judiciales contra opositores.
Según el informe, recibía órdenes directas de Ortega, Murillo y del asesor Néstor Moncada Lau. Además, coordinaba investigaciones policiales y judiciales en Managua y otros departamentos para asegurar procesamientos de carácter político.
Ernesto Rodríguez Mejía y Octavio Rothschuh Andino también figuran en la lista de sancionados por Estados Unidos desde 2023.
Ambos operaron como magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) durante los procesos que despojaron de la nacionalidad a cientos de opositores.
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Autores de abusos y confiscaciones
Rodríguez presidió la lectura de la resolución que eliminó la ciudadanía a 94 nicaragüenses en febrero de 2023. Rothschuh hizo lo propio con 222 presos políticos un año antes, a quienes desnacionalizó y ordenó confiscar sus propiedades y bienes.
El GHREN concluye que Rodríguez y Rothschuh ejecutaron órdenes directas de la dictadura familiar, acusada de crímenes de lesa humanidad.
Señala que ambos facilitaron la privación arbitraria de nacionalidad y bienes, la fabricación de expedientes y la instrumentalización completa del sistema judicial.
Nuevas purgas
La elección de los magistrados ocurrió después de la renuncia forzada de tres miembros de la CSJ: José Manuel Martínez Sevilla, Virgilio Gurdián y Armengol Cuadra López.
El proceso abrió espacio para una recomposición interna que, según analistas, responde a la necesidad del régimen de reemplazar a funcionarios considerados insuficientemente leales.
La comisión legislativa del Frente Sandinista aceleró el trámite y emitió un dictamen favorable que certificó la supuesta idoneidad de los candidatos.
El documento ignoró las sanciones internacionales, las investigaciones de Naciones Unidas y los antecedentes de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
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Control total del Poder Judicial
Con estas designaciones, la CSJ queda dominada por figuras sancionadas o señaladas por organismos internacionales.
Organizaciones de derechos humanos advierten que el país entra en una fase más profunda de autoritarismo, sin contrapesos institucionales y con un sistema judicial totalmente subordinado a la familia Ortega Murillo.
El GHREN recuerda que los crímenes documentados desde 2018 constituyen patrones de persecución que pueden calificarse como crímenes de lesa humanidad.
La nueva composición del Poder Judicial, afirman expertos, refuerza esos patrones y elimina cualquier vía legal para la defensa de la ciudadanía.