Expertos en diplomacia, política y economía coincidieron en Washington en que Nicaragua atraviesa una fase avanzada de consolidación autoritaria bajo una dictadura familiar violenta y corrupta. Según los expertos, esta etapa está caracterizada por pobreza persistente, represión política y control absoluto de las instituciones por parte del núcleo gobernante.
Durante un foro organizado por el Diálogo Interamericano, el exjefe de misión de Estados Unidos en Managua, Kevin O’Reilly, fue particularmente crítico y duro.
Afirmó que el poder en Nicaragua ha dejado de estar en manos del Estado para concentrarse directamente en la familia Ortega-Murillo, que opera con estilo mafioso.
“El nivel de centralización es difícil de comprender para quienes no siguen el país diariamente”, dijo O’Reilly, quien encabezó la misión diplomática estadounidense en Nicaragua entre junio de 2023 y diciembre de 2025.
Todo pasa por El Carmen
Según explicó, los funcionarios del Gobierno ya no toman decisiones autónomas, sino que remiten cualquier acción a la residencia presidencial.
“No recuerdo una sola vez en que un ministro dijera ‘sí’ o ‘no’. Siempre respondían: ‘déjenme consultar con El Carmen’”, señaló en referencia a la sede del poder familiar.
El diplomático subrayó que este modelo ha transformado lo que fue un proyecto político en una estructura cerrada de control.
“Esto ya no es el sandinismo. Es la familia Ortega. Es una oligarquía que traicionó todas las aspiraciones originales”, afirmó.
O’Reilly contextualizó esta evolución en términos históricos y sociales, al recordar que Nicaragua continúa siendo uno de los países más pobres del hemisferio.
“Cuando nací, era el segundo país más pobre. Me he jubilado y sigue siendo el segundo más pobre. Es una revolución fallida que terminó como una oligarquía muy exitosa”, sostuvo.
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Fuga de estudiantes
El exjefe de misión detalló que la concentración de poder se ha acompañado de un proceso sistemático de desmantelamiento institucional, especialmente en el sector educativo.
Según sus cifras, en los últimos dos años han cerrado más de mil escuelas primarias y secundarias, afectando a entre 500.000 y 650.000 estudiantes, en un país con una población cercana a los 7 millones de habitantes.
A ello se suma la intervención y confiscación directa de unas 30 universidades, muchas de ellas confiscadas o sometidas a control estatal como la otrora prestigiosa Universidad Centroamericana.
“Han destruido o tomado centros de educación superior, algunos de los más importantes del país”, dijo.
El diplomático explicó que estas medidas responden a una lógica de control político tras las protestas de 2018, en las que universidades y centros educativos jugaron un papel clave.
“No toleran el pensamiento independiente ni la acción autónoma”, afirmó.
O’Reilly añadió que la represión no se limita a sectores políticos, sino que abarca a toda la sociedad, incluidos profesionales, empresarios y ciudadanos sin militancia.
“Cualquiera que exprese una mínima disidencia puede perder su empleo, sus propiedades o su pensión, y ser expulsado o encarcelado”, advirtió.
Según el experto, la vigilancia estatal se extiende al sector privado y a las instituciones públicas, generando un ambiente de autocensura y temor.
“El espacio público es extremadamente limitado. Y probablemente solo conocemos una fracción de quienes sufren intimidación diaria”, indicó.
Falta de presión y complicidad internacional
En el mismo foro, el analista político Eddy Acevedo, vicepresidente de la Fundación Nacional para la Democracia, sostuvo que el desmantelamiento institucional en Nicaragua fue posible por la falta de atención internacional y la debilidad de la respuesta regional.
Acevedo afirmó que durante años la comunidad internacional subestimó la evolución del régimen, centrando su atención en otros países.
“Cuando se habla de autoritarismo en la región, Cuba y Venezuela acaparan toda la atención, y Nicaragua queda relegada”, señaló.
El analista recordó que los procesos electorales en Nicaragua fueron progresivamente manipulados sin una reacción contundente de organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos.
“La OEA decía que había irregularidades, pero que todo estaba bien. Era grotesco. Se encubría lo que estaba pasando”, afirmó.
Acevedo señaló que no fue hasta 2016 cuando Estados Unidos adoptó una postura más firme tras nuevas elecciones cuestionadas.
Un año después, Washington sancionó al entonces presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, acusado de corrupción.
“Durante años se trabajó con una institución que luego fue señalada como corrupta. Eso explica parte del deterioro institucional”, dijo.
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“Un negocio familiar” sostenido por el miedo
El analista sostuvo que el régimen consolidó su poder mediante una combinación de corrupción, cooptación del sector privado y uso del miedo como herramienta de control.
“Nicaragua se convirtió en un negocio familiar”, afirmó, al comparar el modelo con sistemas altamente centralizados.
Según Acevedo, la familia Ortega utilizó la estructura estatal no solo para acumular riqueza, sino para disciplinar a la sociedad.
Relató una conversación con empresarios nicaragüenses que, según dijo, evidencia el grado de adaptación del sector privado al sistema.
“Nos dijeron que preferían ingresos seguros bajo este modelo que arriesgarse a un mercado libre. Eso muestra la profundidad de la captura”, explicó.
El analista también destacó la persecución a la Iglesia y a líderes religiosos como parte de una estrategia más amplia de control social.
“El régimen no quiere educación independiente, ni voces críticas, ni liderazgo religioso autónomo”, afirmó.
Añadió que esta política ha incluido la expulsión de sacerdotes, agresiones físicas y restricciones a las actividades religiosas.
“Es una paradoja: mientras acumulan poder, también muestran más paranoia”, dijo.
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Una economía fragmentada y dependiente
Por su parte, el director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, explicó que la economía nicaragüense opera bajo un modelo fragmentado que combina informalidad, dependencia externa y control estatal.
Según sus datos, Nicaragua cuenta con una economía de aproximadamente 21.000 millones de dólares, de los cuales cerca de 6.000 millones provienen de remesas enviadas por migrantes.
“Las remesas son un pilar fundamental de la economía”, afirmó.
Orozco indicó que alrededor del 75 % de la fuerza laboral se encuentra en el sector informal, que aporta solo un 20 % del producto interno bruto.
El economista describió tres sistemas económicos coexistentes: la economía informal, la economía de remesas y una estructura de captura estatal.
“La captura del Estado es la forma en que el régimen convierte el aparato público en una estructura cleptocrática”, explicó.
Un régimen consolidado y desafíos internacionales
Los expertos coincidieron en que el régimen Ortega-Murillo ha logrado consolidarse mediante una combinación de control político, adaptación económica y debilitamiento de la oposición.
Advirtieron, no obstante, que este equilibrio es frágil y depende en gran medida de factores externos como las remesas, el comercio y las relaciones internacionales.
Acevedo señaló que la región carece de una estrategia común para presionar al régimen, mientras que O’Reilly advirtió que la comunidad internacional aún subestima la magnitud del control interno.
“Esto no es un autoritarismo convencional. Es un sistema cerrado, familiar y profundamente arraigado”, concluyó O’Reilly.
Por su parte, Orozco alertó sobre las consecuencias sociales a largo plazo, incluyendo el deterioro educativo, la dependencia económica y la fragmentación social.
El foro cerró con un diagnóstico claro: Nicaragua sufre una dictadura que combina represión, pobreza y un modelo económico orientado al beneficio de una élite, en un contexto de limitada presión internacional.
