El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lanzó una virulenta amenaza contra el Estado de Costa Rica, tras el rechazo oficial de la Presidencia Pro Tempore costarricense a la terna de candidatos impuesta por la dictadura de Nicaragua para ocupar la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
La cancillería sandinista, a través de una carta firmada por el ministro Valdrack Jaentschke, calificó de “incalificable e injustificable agresión” la comunicación oficial de Costa Rica que exigía una nueva propuesta de aspirantes, bajo criterios de imparcialidad e independencia.
En el mismo texto, Nicaragua acusa a San José de actuar como “usurpador” y lanza una advertencia histórica con tono bélico.
“Les recordamos que ayer fueron vencidos y lo serían nuevamente si se atreven a usurpar nuestra soberanía y dignidad nacional”, advierte el régimen nicaragüense, en un claro mensaje que evoca conflictos armados del pasado entre ambas naciones.
La carta se refiere a Costa Rica como un país con “megalomanía y narcisismo delirantes” y asegura que “no les tenemos ni miedo, ni siquiera respeto”, citando al general Augusto C. Sandino como símbolo de resistencia. “No aceptamos sus términos… no nos vendemos, ni nos rendimos, aquí no se rinde nadie”, finaliza el documento.
Costa Rica rechaza terna por falta de imparcialidad
La tensión se desató luego de que Costa Rica, en su calidad de Presidencia Pro Tempore del SICA, solicitara formalmente al régimen de Ortega presentar una nueva terna de candidatos a la Secretaría General del organismo regional.
La comunicación, respaldada por normas del Protocolo de Tegucigalpa, advirtió que si en un plazo de 10 días no se presentaban nuevos nombres, se adoptarían “medidas procedentes para resolver el impasse”.
Entre los rechazados por segunda vez figuran el militar en retiro del ejército sandinita Moncada Colindres, junto a la diputada oficialista Arling Patricia Alonso Gómez y la ministra de la Familia, Johanna Vanessa Flores Jiménez.
Según fuentes diplomáticas, los tres perfiles fueron vetados por su vinculación directa con el régimen y su falta de independencia. En el caso de Moncada, por su público apoyo y defensa de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la familia Ortega Murillo desde 2018.
La silla del SICA permanece vacante desde noviembre de 2023, cuando la dictadura exigió la renunció Werner Vargas, también nicaragüense, para sustituirlo por una ficha más radical.
Desde entonces, Ortega y Murillo han presionado por colocar a un operador político alineado con su estrategia de expulsar a Taiwán del foro regional y permitir el ingreso de China y Rusia como observadores.
Una amenaza que desestabiliza la región
En su misiva, el canciller Jaentschke acusa a Costa Rica de “pretender el dominio de nuestras instituciones” y de actuar con una “superioridad colonialista”, en un tono que expertos ticos han calificado como una amenaza sin precedentes en el ámbito diplomático centroamericano.
“No son dueños ni de Centroamérica, ni del SICA, y mucho menos de Nicaragua”, afirma el texto, que fue enviado directamente a los presidentes y cancilleres de los países miembros del SICA.
La Secretaría General del organismo, con sede en El Salvador, permanece operativa únicamente a nivel administrativo, dirigida por la salvadoreña Ingrid Figueroa. El vacío de liderazgo político ha contribuido a la parálisis del SICA desde 2023.
El sistema, fundado en 1991, lo integran ocho países: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Además, cuenta con 40 países observadores, entre ellos Estados Unidos, México, España, Colombia, Argentina, Brasil y Taiwán.
Costa Rica mantiene firmeza
Aunque el gobierno costarricense no ha respondido oficialmente a la misiva nicaragüense, fuentes de Cancillería confirmaron a los medios locales que la postura de rechazo se mantiene firme.
“No se trata de un conflicto bilateral, sino del respeto a las normas y al principio de rotación con candidatos idóneos”, indicaron.
La amenaza lanzada desde Managua abre una nueva etapa de deterioro en las relaciones entre ambos países, ya marcadas por roces diplomáticos, tensiones en la frontera y denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Ortega-Murillo.
