La dictadura de Nicaragua ha despojado de su nacionalidad a cientos de opositores políticos en los últimos años, en una medida que organismos internacionales consideran parte de una estrategia para silenciar la disidencia. Un informe reciente de Naciones Unidas advierte que al menos 452 nicaragüenses han sido declarados “traidores a la patria” y privados de su ciudadanía.
El dato aparece en el “Informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua”, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que analiza las violaciones a los derechos humanos en el país desde las protestas de 2018.
Según el documento, 452 ciudadanos nicaragüenses fueron despojados arbitrariamente de su nacionalidad, en la mayoría de los casos tras procesos judiciales considerados irregulares o celebrados en ausencia de los acusados.
Entre las personas afectadas hay políticos opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes, académicos, empresarios, líderes religiosos y activistas sociales, muchos de los cuales ya se encontraban en el exilio cuando se dictaron las decisiones judiciales.
Un castigo para opositores
El informe advierte que esta medida ha dejado a muchos de los afectados en una situación cercana a la apatridia, al perder la protección legal de su país y enfrentar dificultades para ejercer derechos básicos como viajar, trabajar o acceder a servicios.
Los expertos de Naciones Unidas sostienen que la retirada de la nacionalidad se ha convertido en una herramienta de represión política destinada a castigar a quienes critican al gobierno o son percibidos como opositores.
Además, el documento señala que muchas de las personas afectadas ni siquiera fueron notificadas formalmente del proceso en su contra, y se enteraron de la pérdida de su nacionalidad cuando intentaron realizar trámites consulares o renovar documentos oficiales.
Para el Grupo de Expertos de la ONU, estas medidas forman parte de un patrón más amplio de persecución política que incluye confiscación de bienes, restricciones de movilidad y vigilancia contra nicaragüenses en el extranjero.