Una delegación de funcionarios panameños viajará dentro de 2 semanas a China para reunirse con las autoridades de ese país para conversar sobre el aumento de inspecciones y detenciones realizadas a los buques con bandera panameña en los puertos chinos.
La Cancillería de Panamá informó que la visita oficial se realizará desde el jueves 16 de julio hasta el sábado 18. La petición de reunión fue realizada por el gobierno del presidente José Raúl Mulino ante “el acoso” a buques luego de la controversia por la inconstitucionalidad de contratos chinos en los puertos Balboa y Cristóbal.
Mulino había adelantado en su conferencia semanal que durante la reunión buscan abordar las inspecciones y detenciones con técnicos y especialistas en transporte marítimo. La Cancillería panameña indicó que la solicitud de reunión fue aceptada por la Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Transporte de China.
Además, la Cancillería indicó que en las reuniones aprovecharán la oportunidad para hablar sobre una posible renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo con China. La delegación panameña estará liderada por el director general de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert.
Cooperación bilateral
El gobierno panameño también espera que durante las reuniones tengan la oportunidad de intercambiar opiniones sobre la supervisión de puertos de Port State Control de China para “fortalecer la cooperación bilateral” en el ámbito marítimo y buenas prácticas.
Finalmente, la Cancillería de Panamá reconoció que el gobierno pretende fortalecer la cooperación en el comercio marítimo, la seguridad en la navegación y reforzar las capacidades marítimas panameñas.
El encuentro se realizará luego de varios meses en tensiones por la inconstitucional de los contratos que por décadas otorgaron a China el poder de los dos principales puertos panameños. Aunque la AMP ha reconocido que las inspecciones a buques son usuales, la comunidad internacional ha denunciado presiones chinas por amenazas de “severas consecuencias” por los contratos declarados inconstitucionales.
