En las calles de Panamá, el descontento ha alcanzado un punto crítico. Desde hace 3 semanas, miles de ciudadanos, liderados por sindicatos, docentes, trabajadores de la construcción, comunidades indígenas y profesionales de la salud, han tomado las principales vías del país en una serie de protestas que han paralizado parcialmente la nación.
El epicentro de esta crisis es la oposición a la Ley 462, una reforma al sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS) impulsada por el gobierno del presidente José Raúl Mulino, junto con otras demandas que reflejan un malestar acumulado contra políticas económicas, ambientales y geopolíticas.
¿Qué desató las protestas? La Ley 462, que modifica el sistema de pensiones, es vista por los manifestantes como un ataque directo a los derechos de los trabajadores.
Sindicatos como el Suntracs y la alianza Pueblo Unido por la Vida argumentan que la reforma beneficia intereses privados y debilita el carácter solidario de la CSS, sin garantizar una solución sostenible para el fondo de pensiones.
Policía en Panamá.
A esta queja se suman otras demandas: el rechazo a la reactivación de proyectos mineros como Cobre Panamá, la oposición a la construcción de embalses en el río Indio y la preocupación por la soberanía nacional ante rumores de una mayor presencia militar estadounidense en el país.
Estos temas han galvanizado a sectores diversos, desde indígenas Ngäbe-Buglé hasta médicos y enfermeras, quienes han intensificado las movilizaciones.
Escala y represión
Las protestas han sido masivas, con más de 480 cierres de vías registrados a nivel nacional, afectando especialmente provincias como Veraguas, Panamá Oeste, Colón, Chiriquí y Bocas del Toro.
Solo el 13 de mayo, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, reportó 67 bloqueos y 196 detenciones desde el inicio de las manifestaciones.
En puntos clave como la carretera Panamericana, las fuerzas policiales han utilizado gases lacrimógenos y perdigones para dispersar a los manifestantes, lo que ha generado denuncias de represión excesiva.
La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas ha condenado detenciones arbitrarias de líderes en la comarca Ngäbe-Buglé, mientras que organizaciones como Suntracs han elevado quejas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por tratos crueles a los detenidos.
Un incidente particularmente grave ocurrió en los predios de la Universidad de Panamá, donde una niña de 4 años sufrió una fractura de cráneo tras ser alcanzada por una piedra lanzada durante un enfrentamiento entre manifestantes y civiles.
El presidente Mulino visitó a la menor en el hospital y condenó el hecho, afirmando que “Panamá no puede vivir enfrentada de esta manera”.
Este evento ha avivado el debate sobre la escalada de tensiones y la polarización en el país.
Impacto económico y social
Los cierres de vías han generado un colapso parcial en la cadena de suministro, afectando el transporte de alimentos, medicinas y combustible, de acuerdo con las autoridades y empresas.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), liderada por el empresario Juan Alberto Arias, ha calificado las protestas como una amenaza al bienestar económico, exigiendo un cese a los bloqueos.
El gobierno, por su parte, insiste en mantener el orden público mientras defiende la Ley 462 como necesaria para estabilizar las finanzas de la CSS.
Sin embargo, los manifestantes exigen un diálogo abierto y la derogación total de la ley, proponiendo una reforma integral con enfoque solidario.
Trasfondo de desconfianza
Estas protestas no son un fenómeno aislado. Panamá arrastra un historial de movilizaciones sociales, como las de 2022 contra el costo de vida y las de 2023 contra el contrato minero con First Quantum Minerals, que culminaron con la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 406.
La percepción de corrupción, desigualdad y decisiones gubernamentales inconsultas ha erosionado la confianza en las instituciones desde hace más de ocho años.
La reciente aprobación exprés de la Ley 462, sin un debate amplio, ha reavivado el sentimiento de exclusión entre la población, de acuerdo a debates y análisis en medios de comunicación y foros públicos de debate.
Además, las tensiones geopolíticas han añadido leña al fuego. Las declaraciones del presidente Mulino en respuesta a comentarios de Donald Trump sobre el Canal de Panamá, junto con la visita de altos mandos militares estadounidenses, han alimentado temores de una injerencia extranjera, como la sufría en 1990.
Esto ha llevado a sectores nacionalistas a unirse a las protestas, exigiendo la defensa de la soberanía ante los abusos intrusivos de la administración Trump.
¿Hacia dónde va Panamá?
Con el país en un punto de inflexión, la resolución de esta crisis depende de la capacidad del gobierno para abrir un diálogo inclusivo, de acuerdo con rectores de universidades y sectores religiosos que tratan de mediar en la crisis.
Mientras los manifestantes insisten en la derogación de la Ley 462 y el cese de proyectos mineros, el Ejecutivo mantiene una postura firme, priorizando el orden público y la estabilidad económica.
La Iglesia Católica, que en el pasado medió en conflictos similares, ha expresado preocupación, y el arzobispo José Domingo Ulloa ha llamado a construir “puentes de encuentro” en lugar de “muros de división”.