El nuevo Congreso Nacional inició funciones bajo alta expectativa ciudadana. La elección reciente reflejó cansancio social frente a la corrupción y una demanda clara de cambios reales. En ese contexto, Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), planteó una advertencia directa sobre los riesgos de repetir viejas prácticas.
Sus señalamientos apuntan a los primeros acuerdos políticos anunciados por el Partido Nacional (PN) y el Partido Liberal (PL). Para el CNA, el país enfrenta una decisión clave entre continuidad o ruptura con la impunidad.
Un Congreso bajo el escrutinio ciudadano
El Poder Legislativo que acaba de instalarse no surge en un escenario ordinario. Llega después de un proceso electoral marcado por el rechazo ciudadano a la corrupción. El mensaje en las urnas fue claro y contundente.
Según el planteamiento de Castellanos, la población sancionó a un proyecto político que prometió combatir la corrupción. Sin embargo, ese discurso no se tradujo en cambios sostenidos ni en resultados concretos.
Acuerdos políticos y riesgos históricos
Horas después de la toma de posesión, el PN y el PL anunciaron acuerdos para integrar la junta directiva y distribuir comisiones estratégicas. También definieron el control del funcionamiento legislativo.
DISCULPEN MI CASTELLANO
¿Fin o continuidad? El desafío del nuevo Congreso frente a la impunidad
El Poder Legislativo que acaba de instalarse no es un Congreso cualquiera. Surge después de una elección marcada por el hartazgo ciudadano frente a la corrupción y por una… pic.twitter.com/QLwyTow7u6
— Gabriela Castellanos (@GCastellanosL) January 26, 2026
El CNA reconoce que la construcción de mayorías no es ilegítima. No obstante, advierte que estos pactos generan preocupación por su antecedente histórico. En el pasado, este tipo de acuerdos derivó en protección mutua y blindaje político.
Esa memoria institucional, señala Castellanos, sigue vigente y no puede ignorarse.
Bipartidismo, corrupción e impunidad
Honduras arrastra décadas de alternancia bipartidista con resultados negativos para la institucionalidad. De acuerdo con el CNA, ese período dejó instituciones debilitadas y capturadas por intereses particulares.
Existen casos ampliamente documentados que vinculan a figuras políticas con delitos graves. Entre ellos figuran narcotráfico, lavado de activos y desvío de fondos públicos. Algunos procesos incluso llegaron a tribunales internacionales.
Para Castellanos, negar ese pasado sería un error político y ético.
Gobernabilidad o complicidad política
El CNA subraya la necesidad de diferenciar entre acuerdos para gobernar y arreglos que fomentan la impunidad. Cuando los pactos priorizan intereses de cúpulas, afectan la justicia y la transparencia.
Cualquier entendimiento que frene investigaciones o promueva reformas para proteger a corruptos compromete la legitimidad del Congreso. También debilita el Estado de derecho y profundiza el desencanto ciudadano.
La CICIH como prueba clave
Uno de los compromisos urgentes del nuevo Congreso, según el CNA, es aprobar el marco legal para la instalación de la CICIH. Castellanos insiste en que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras debe contar con independencia plena.
La falta de voluntad política bloqueó este proceso durante años. Por ello, el CNA plantea derogar o reformar las normas que obstaculizan su funcionamiento. Además, pide una legislación que permita investigar grandes casos de corrupción.
Postergar esta decisión por cálculos políticos, advierte Castellanos, mantiene la impunidad.
Una disyuntiva histórica para el Legislativo
El nuevo Congreso enfrenta una decisión de fondo. Puede romper con la corrupción estructural o repetir prácticas ya rechazadas por la ciudadanía. Para el CNA, la CICIH no es una concesión política, sino una obligación democrática.
Castellanos sostiene que la legitimidad legislativa se construye con hechos. Las decisiones iniciales marcarán si este período representa un punto de inflexión o una continuidad del pasado.
Un país atento a las decisiones
Honduras demanda instituciones al servicio del interés público. La ciudadanía observa, evalúa y recuerda cada acción del Congreso Nacional.
El futuro político sigue abierto. Sin embargo, como advierte el CNA, quedará condicionado por las decisiones que se adopten desde el primer día.