Una emblemática exfiscal anticorrupción guatemalteca fue condenada este viernes a cuatro años de prisión conmutables por “abuso de autoridad” en un caso que organismos de Derechos Humanos han catalogado como represalia por su papel en la lucha contra la impunidad.
Virginia Laparra, quien estuvo a cargo de casos de corrupción en la ciudad de Quetzaltenango, al occidente del país, acusó a funcionarios gubernamentales, empresarios, jueces y magistrados durante su labor.
Pero la jueza Oly González condenó a Laparra, aunque la pena es conmutable a diez quetzales por cada día ($1.27), equivalente a un total de 14,600 quetzales (unos $1855). Es decir, si paga el equivalente podría salir de prisión. González también incapacitó a Laparra para ocupar puestos públicos durante mientras dure la condena.
La exfiscal fue condenada por abuso de autoridad tras haber denunciado a un polémico juez que presuntamente filtró información de un caso bajo reserva a las partes procesales.
Los señalamientos en contra del exjuez fueron presentados durante 2018, en la Junta de Disciplina Judicial (JDJ).
Laparra fue detenida el pasado 23 de febrero, al salir de su oficina.
“Es una aberración jurídica y un terrible precedente. Una venganza”, dijo Laparra entre lágrimas.
Laparra señaló a la Fundación contra el Terrorismo, una organización de ultraderecha cuyos directivos han sido sancionados por Estados Unidos por entorpecer la justicia y la lucha contra la corrupción en Guatemala.
El juicio duró 18 días y todos los que testificaron eran policías o funcionarios.
La directora para la Américas de Amnistía Internacional, Ericka Guevara Rosas, dijo que la sentencia condenatoria “es un ejemplo más de la criminalización de operadores de justicia en Guatemala”
“Virginia Laparra es una presa de conciencia que está pagando un alto precio por ejercer su labor de fiscal anticorrupción”, subrayó Guevara Rosas.
Varios exfiscales y jueces que denunciaron o condenaron a funcionarios corruptos se han tenido que exiliar tras una ola de persecuciones judiciales emprendidas durante la adminsitración de Alejandro Giammattei y su fiscal general, Consuelo Porras.
