La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de las Naciones Unidas hicieron un llamado urgente a los cancilleres de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para abordar la situación de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua durante sus deliberaciones del 2 de octubre.
Ambos organismos señalaron que, más de ocho años después del inicio de la crisis de abril de 2018, continúan documentando un patrón generalizado y sistemático de graves violaciones de derechos humanos. Entre estas mencionaron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, muertes bajo custodia estatal, confiscaciones de bienes, privación arbitraria de la nacionalidad y represión transnacional.
La CIDH y el GHREN expresaron preocupación por el aumento de personas detenidas cuyo paradero sigue sin conocerse y por los riesgos para la vida e integridad de quienes permanecen bajo custodia del Estado. Los organismos advirtieron que las desapariciones forzadas y otras violaciones contra personas percibidas como opositoras forman parte de los patrones de represión y exigieron que estas prácticas cesen inmediatamente.
También alertaron de una intensificación de la represión transnacional mediante vigilancia, amenazas, hostigamiento y violencia contra nicaragüenses exiliados, sus familiares y las organizaciones que los acompañan. Según ambas instancias, esta situación también genera serios desafíos de seguridad para otros Estados de la región.
Los organismos sostuvieron que estas violaciones ocurren en medio de una creciente concentración del poder, el desmantelamiento de los contrapesos institucionales y del espacio cívico. Recordaron que la reforma constitucional de 2025 eliminó el principio de separación de poderes, creó la denominada copresidencia y estableció un mandato de seis años.
Una nueva reforma, aprobada en primera legislatura apenas un año después, propone ampliar ese mandato a siete años con posibilidad de renovación e incorporar a rango constitucional restricciones contra personas calificadas como “golpistas” o “traidoras a la patria”.
Para la CIDH y el GHREN, estas medidas buscan utilizar el orden constitucional para perpetuar al régimen en el poder, excluir alternativas políticas y eliminar las condiciones necesarias para elecciones libres, auténticas y competitivas. Además, consideraron particularmente preocupante el anuncio oficial de que no se prevén elecciones en 2027.
Ambas instancias remarcaron que los derechos humanos, las libertades fundamentales y la participación efectiva en los asuntos públicos son indispensables para procesos electorales libres, justos y transparentes.
“Las condiciones actuales en Nicaragua no cumplen con los estándares internacionales requeridos y por tanto los elementos esenciales de la democracia son inexistentes”, dijeron en un comunicado.
Ante este escenario, instaron a los Estados miembros de la OEA a actuar conforme a la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana y los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos.
Finalmente, la CIDH y el GHREN pidieron a los Estados utilizar los mecanismos disponibles para contribuir al restablecimiento de la institucionalidad democrática y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua.
Entre sus demandas figuran la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos, esclarecer el paradero de las personas desaparecidas, restablecer el espacio cívico, poner fin a la represión transnacional y a la privación arbitraria de la nacionalidad, además de garantizar protección a los nicaragüenses en el exilio y restituir los derechos restringidos o retirados.