CIDH pide a la OEA aplicar la Carta Democrática para restablecer la democracia en Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la reforma constitucional promovida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo profundiza la concentración del poder y llamó a los Estados de la OEA a utilizar los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana.

Rosario Murillo y Daniel Ortega, la pareja de dictadores de NIcaragua.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a aplicar los mecanismos contemplados en la Carta Democrática Interamericana para contribuir al restablecimiento de la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua.

El pronunciamiento responde a las declaraciones del dictador nicaragüense Daniel Ortega, quien afirmó que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, y a la iniciativa de reforma constitucional presentada el pasado 28 de julio ante la Asamblea Nacional, que, según la CIDH, busca perpetuar al régimen en el poder y restringir la competencia política.

De acuerdo con la Comisión, la propuesta plantea ampliar de seis a siete años el mandato de la denominada copresidencia y permitir su renovación. Además, incorpora a la Constitución restricciones que impedirían participar en procesos electorales a las personas que el régimen califique como “golpistas” o “traidoras a la patria”. La iniciativa está programada para ser sometida a primera aprobación el 1 de septiembre de 2026.

La CIDH advirtió que estas medidas profundizan el proceso de consolidación autoritaria al eliminar las condiciones necesarias para la alternancia democrática y restringir el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos.

El organismo recordó que, en su informe especial sobre Nicaragua incluido en el Capítulo IV.B de su Informe Anual, ya había advertido que la reforma constitucional aprobada en 2025, que modificó más de 100 artículos de la Constitución, concentró el poder en la figura de la copresidencia ejercida por Daniel Ortega y Rosario Murillo y eliminó el principio de separación de poderes.

La Comisión sostuvo que estas disposiciones son incompatibles con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana, al impedir el ejercicio efectivo de los derechos políticos y limitar la posibilidad de celebrar elecciones libres, auténticas, periódicas y competitivas.

Asimismo, exhortó al régimen nicaragüense a abstenerse de aprobar reformas contrarias a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y a restablecer las condiciones que permitan a la ciudadanía elegir y ser elegida en procesos democráticos.

La CIDH también alertó que en Nicaragua persisten graves violaciones a los derechos humanos y señaló que la represión transnacional, sumada a la migración forzada de miles de nicaragüenses y al impacto del crimen organizado, genera desafíos para la seguridad y la estabilidad de otros países de la región.

Finalmente, la Comisión reiteró su llamado a los Estados miembros de la OEA para que, conforme a la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos regionales, activen los mecanismos disponibles con el objetivo de contribuir al restablecimiento de la institucionalidad democrática y del Estado de derecho en Nicaragua.

 

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