Asamblea panameña aprueba reformas para establecer mecanismo de traspaso de mando en gobiernos locales

EL proyecto de ley exige que las autoridades salientes emitan informes detallando bienes, contratos, obras y estados financieros.

Los diputados de la Asamblea Nacional consideran que las reformas fomentarán la transparencia y la rendición de cuentas.

La Asamblea Nacional de Panamá aprobó un proyecto de ley para establecer el mecanismo formal que deberán seguir los gobiernos locales para el traspaso de mando entre las autoridades que finalizan su período y las que inician su gestión.

Los diputados aprobaron por mayoría el proyecto no. 11 que define el proceso que deberán seguir en el proceso de transición tanto a nivel municipal como en las juntas comunales. Con este proyecto se pretendería aumentar la transparencia y la rendición de cuentas.

EL proyecto contempla reformar las leyes sobre organización comunal y de régimen municipal para que las autoridades salientes presenten un informe en un plazo no mayor a 30 días calendario  luego de que dejaron el poder.

Este informe tendría que incluir los ingresos y egresos percibidos en el período, el listado de los proyectos ejecutados en la gestión, los bienes que se adquirieron, los estados financieros, un inventario actualizado de activos, el listado de los contratos vigentes y los compromisos pendientes de cumplimiento.

La propuesta fue presentada por el diputado Neftali Zamora, quien aseguró que este permitirá “una transición más transparente y ordenada”, al permitir de las autoridades que tomen posesión de los gobiernos locales puedan conocer la situación de sus municipios.

Por su parte, el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, explicó que se fomenta la transparencia y la rendición de cuentas al exigir informes detallados y auditorías de cierre de gestión para las autoridades municipales y comunales.

Este proyecto fue aprobado por segunda vez en la Asamblea porque la primera vez fue devuelto al pleno por el presidente José Raúl Mulino, pues observó que la normativa presentaba conflictos en las competencias de la Contraloría General al tomar funciones que le corresponden a esta entidad.

Con esta segunda aprobación, el pleno reenvió el proyecto al presidente Mulino para que lo promulgue y se convierta en ley de la República.

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